La fiscalía se opuso a la detención de cuatro ex agentes del franquismo solicitada por Argentina al considerar que los delitos que les imputan han prescrito y que están amparados por la ley de Amnistía de 1977, lo que dificulta enormemente el recorrido del caso en España.

Además, las autoridades judiciales confirmaron que uno de los acusados ha fallecido.

En un escrito publicado el martes, la fiscalía pidió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que abra un expediente para emitir un auto en los próximos días. Es poco habitual en España que un magistrado contradiga el criterio del fiscal, pero pueden llegar a diferir en algunos matices.

Sin embargo, los abogados de la querella se mostraron confiados en que Ruz confirme la petición de Argentina.

"Es el juez el que debe decidir, la opinión de la fiscalía no es vinculante", dijo el abogado Carlos Slepoy a The Associated Press. "Quizá pueda imponer alguna medida cautelar, como la retirada del pasaporte... Creemos que es una decisión de un calado muy grande", añadió.

La fiscalía enumeró tres razones para rechazar el arresto reclamado por la magistrada federal argentina María Servini de Cubría.

En primer lugar, asegura que el auto argentino carece de un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar sobre la comisión de los delitos. Además, cita la ley de 1977, dice que no hay riesgo de fuga y concluye que no ve necesaria la detención preventiva "habida cuenta de la antigüedad de los hechos" y su prescripción para juzgarlos.

En su momento, la fiscalía de la Audiencia Nacional esgrimió argumentos similares para oponerse a la investigación franquista que trató de abrir Baltasar Garzón en España.

"Los argumentos son sumamente endebles. Se han hecho todas las precisiones", afirmó Slepoy. "Y lo de la ley de amnistía es insostenible", agregó en referencia a que España juzgó casos vinculados a la dictadura militar argentina cuando el país sudamericano tenía en vigor una norma similar.

Los cuatro imputados -un guardia civil y tres ex agentes de la brigada político social- están imputados por varios cargos de tortura. Uno de ellos, Celso Galván Abascal, está fallecido, según indicó la policía a la Audiencia Nacional, lo que reduce a tres el número de acusados.

La tortura está tipificada en Argentina con penas que oscilan entre los ocho y los 25 años de prisión.

"Lo importante es que las órdenes de detención han sido liberadas", dijo Slepoy. "Es un gran estímulo para las víctimas".

En tanto, Adriana Fernández, querellante desde 2011 en la causa de Servini de Cubría, dijo a la AP que la decisión de la fiscalía española "no amedrenta" a los familiares de las víctimas que piden justicia, sino que por el contrario "infunde más ánimo".

Fernández, nieta de Antonio Fernández González, fusilado por las tropas franquistas el 9 de octubre de 1936 en Ponferrada del Bierzo, rechazó la argumentación de la fiscalía al señalar que los delitos de los que se acusa a los cuatro imputados son "de lesa humanidad y por tanto no prescriben".

"Esta decisión la esperábamos pero la lucha se vuelve a redoblar. Los movimientos sociales que se organizaron en España y en Argentina por esta causa van a seguir en la misma línea diciendo que estos crímenes son producto de un genocidio... la petición de la jueza es una puerta que se abrió", afirmó Fernández, de 49 años.

También subrayó que la intención de los querellantes en la causa, que ya suman más de 150, es encontrar pruebas inculpatorias contra otros represores franquistas.

Servini de Cubría instruye desde 2010 una investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, un periodo que abarca la guerra civil, el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la celebración de las primeras elecciones democráticas.

La querella argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, heredó y amplió el intento fallido de Garzón por abrir una causa general contra el franquismo en 2008 y se ha convertido en la única esperanza de miles de familiares de víctimas de la represión franquista, que encuentran cerradas las puertas de los tribunales españoles.

Garzón, por ejemplo, calculó en 114.000 el número de personas fusiladas sumariamente por Franco y enterradas en fosas comunes.

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La periodista de AP Almudena Calatrava colaboró en esta nota desde Buenos Aires.