La justicia española rechazó abrir una investigación paralela en España sobre el accidente de tráfico que costó la vida al disidente Oswaldo Payá en Cuba, al considerar que no existe base legal alguna.

En un auto publicado el lunes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dijo que el caso fue juzgado en la isla y que el español condenado Angel Carromero admitió su culpabilidad al aceptar su traslado a España para cumplir los cuatro años de cárcel que le impuso el tribunal cubano hace casi un año.

La querella, ahora archivada, fue presentada el 19 de agosto en Madrid por Ofelia Acevedo y Rosa María Payá, esposa e hija del opositor cubano.

En su escrito, la familia de Payá imputaba un supuesto delito de lesa humanidad con resultado de asesinato a dos responsables de la seguridad cubana por las circunstancias que rodearon a la muerte de Payá y del también disidente Harold Cepero en un accidente de tráfico el 22 de julio de 2012 en Cuba.

Pero Velasco señaló que el delito enjuiciado "no es de carácter político ni militar" y recordó que Carromero reconoció en el juicio que perdió el control del vehículo al no prestar la debida atención a las señales de tráfico.

En ese sentido, el magistrado también recordó que Carromero no tenía licencia de conducción en el momento del siniestro por una serie de multas acumuladas en el país ibérico.

Su pésimo registro como conductor y su falta de arrepentimiento fueron los principales argumentos de la Audiencia Nacional para rechazar el indulto pedido para Carromero en una resolución anterior.

La mayor parte de la querella interpuesta por la familia de Payá se basaba en la nueva versión de los hechos que Carromero ha ido ofreciendo a varios de medios de comunicación en los últimos meses.

Según el español, el coche que conducía fue embestido por otro automóvil y acusó a los servicios secretos cubanos de haber asesinado deliberadamente a Payá.

Carromero, de 27 años y dirigente juvenil del gobernante Partido Popular, cumple condena en un régimen de libertad vigilada desde su traslado a España en diciembre. No se encuentra en prisión, pero sus movimientos son controlados con una pulsera telemática.