Detienen a 16 falsas víctimas de restitución de tierras

Dieciséis personas que se hacían pasar como víctimas del conflicto armado para hacerse de tierras fueron detenidas, informó el lunes la Fiscalía General.

El grupo operaba en los municipios de Sabana de Torres y Rionegro, en el departamento de Santander; San Alberto, en Cesar, y Turbo, en Antioquia.

El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo explicó en rueda de prensa que la banda operaba de tres formas: la primera, que sin ser víctimas del conflicto se hacían pasar como tales para conseguir tierras ilegalmente; la segunda, que siendo víctimas iniciaban los procesos de restitución de tierras y luego las abandonaban para que entraran en acción los delincuentes, y la tercera, que siendo víctimas reales se dejaban estafar por intermediarios en la reclamación de tierras.

"Carteles están actuando en contra del proceso de restitución" de tierras, aseguró Perdomo.

A los capturados se les va a imputar, dependiendo de su participación en la organización criminal, entre otros los delitos de fraude procesal, falso testimonio, amenazas, invasión de tierras y concierto para delinquir (o el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes).

Perdomo hizo hincapié en que estas capturas se unen a las 120 que la Fiscalía ha realizado en asocio con la Unidad de Restitución de Tierras en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Cesar.

Uno de los capturados, según un comunicado de prensa de la Fiscalía, se encuentra vinculado a más de 16 procesos por amenazas en contra de legítimos propietarios de tierras.

La propiedad y uso de la tierra en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, han sido descritos tradicionalmente como unas de las causas del conflicto armado interno de más de 50 años. Aunque hay discrepancia sobre cuánta tierra exactamente ha sido robada, transferida ilegalmente o despojada ante amenazas de grupos armados ilegales --desde paramilitares y narcotraficantes hasta guerrillas--, se calcula que es como mínimo dos millones de hectáreas, según el gobierno, y más de seis millones de acuerdo con distintas organizaciones no gubernamentales.