Los ex jefes policiales Héctor Bol de la Cruz y Jorge Alberto Gómez fueron condenados el viernes a 40 años de prisión por la desaparición forzada en 1984 del líder sindicalista Fernando García.

"El daño provocado es de carácter irreparable", dijo la Juez Jassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo "A'' a cargo de la condena. En el juicio, que duró solo cuatro días, pero que en proceso judicial inició hace ya casi 15 años, se escucharon varios testimonios y prueba documentales.

La diputada Nineth Montenegro, entonces esposa de García, inició desde entonces la búsqueda de su esposo hasta fundar el Grupo de Apoyo Mutuo, una organización no gubernamental que brinda apoyo y asesoramiento legal a familiares de desaparecidos.

"Fernando era un muchacho, un estudiante que caminaba por la calle cuando lo capturaron, solo porque tenía un pensamiento diferente. La ley es dura, pero es la ley y esto sienta un precedente de que puede haber justicia para los desaparecidos", dijo Montenegro a The Associated Press.

García era líder sindicalista y estudiantil, militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, de tendencia izquierdista. Por su desaparición ya fueron condenados a 40 años de prisión en 2010 Abraham Lancerio Gómez y Héctor Roderico Ríos, como autores materiales.

Según las investigaciones, García fue secuestrado el 18 de febrero de 1984 cuando caminaba por una zona céntrica de la capital guatemalteca. En sus declaraciones los acusados confesaron que García había sido capturado por elementos policiales y que luego de interrogarlo lo entregaron a militares de inteligencia por sus supuestos nexos con la guerrilla.

"Ellos admitieron que capturaron a Fernando y luego de torturarlo lo entregaron a la G2 (inteligencia militar) que lo tuvo en su poder, y que nos lo negó a pesar de tanta suplica, nunca lo quisieron devolver, esto no se le hace a un ser humano", dijo Montenegro.

La diputada dijo que los restos de García nunca fueron encontrados, pero que la madre y la hija del desaparecido aún guardan esperanzas de encontrarlos a pesar de que han pasado 29 años de su desaparición.

En 1994 el gobierno guatemalteco y la guerrilla firmaron un acuerdo en Oslo con el cual crearon la Comisión de Esclarecimiento Histórico, una misión establecida para revelar la memoria histórica. En su informe final, "La Memoria del Silencio", la CEH reveló que la Policía Nacional cometió numerosas y graves violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.

"Hacia mediados de los años sesenta, estas fuerzas iniciaron su subordinación al control del Ejército. Actuando con frecuencia bajo órdenes de estructuras del Ejército, los 'detectives' y otras fuerzas policiales que se vestían de civil, se convirtieron en los principales agentes del terror estatal en la capital de Guatemala durante casi veinte años", dice el informe.

Guatemala vivió una cruenta guerra durante 36 años, entre 1960 y 1996 que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz. Un informe de Naciones Unidas reveló que al menos 200.000 personas murieron y otras 45.000 fueron desaparecidas durante ese período.