Detienen a funcionarios por contratos de salud irregulares

Las autoridades guatemaltecas informaron el miércoles la captura de 17 funcionarios públicos y de firmas particulares por un caso de corrupción en contratos de salud irregulares para pacientes con enfermedades renales.

Directivos del Instituto Guatemalteco del Seguro Social habrían cambiado contratos de proveedores de medicamentos y tratamientos para cobrar comisiones de otras empresas, revelaron las autoridades, que explicaron que tras el cambio varios pacientes adquirieron otras enfermedades o murieron.

Personal de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala allanaron varias viviendas y detuvieron a 17 personas por los presuntos delitos de fraude, asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias, entre otros. La Comisión es un órgano de las Naciones Unidas que investiga cuerpos paralelos incrustados en el Estado.

Iván Velásquez, titular de la Comisión, dijo que tras métodos especiales de investigación como escuchas telefónicas se determinó que los contratistas y funcionarios habrían negociado el pago de entre 15 y 16% de comisiones para otorgar contratos por un monto de 116 millones de quetzales, unos 15 millones de dólares.

"La Junta Directiva otorgó licitaciones a personas que realmente no tenían la aptitud suficiente para otorgar los servicios", dijo Velásquez.

Entre los detenidos se encuentra la junta directiva del Seguro Social, incluido su presidente Juan de Dios Rodríguez, uno de los operadores cercanos del presidente Otto Pérez Molina.

También fue detenido Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala y miembro de la junta directiva del Seguro Social, y la junta licitadora de contratos de la entidad y contratistas de la empresa Pisa, que proveía los medicamentos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió hace una semana que el Seguro Social violaba los derechos humanos de los pacientes renales y que se estaba vulnerado su derecho a la vida y a la salud.

Los tratamientos específicos a dichos pacientes iban desde hemodiálisis a diálisis peritoneal.

La fiscal general Thelma Aldana explicó que han recibido denuncias por negligencia médica y homicidio culposo por la muerte de dos personas, pero que tienen información de por lo menos siete muertes relacionadas con los efectos de los tratamientos nuevos de hemodiálisis y que la fiscalía analiza agregarlos a la acusación.

El presidente Pérez Molina anunció acciones en favor de la transparencia y dijo que "somos respetuosos y reafirmamos que nadie está por encima de la ley".