Guatemala: Escuchas sobre sobornos mencionan a magistrada

Las escuchas telefónicas en un caso de corrupción fiscal en Guatemala indican que una intriga de sobornos a jueces para liberar de la cárcel a algunos de los acusados podría haber alcanzado a la Corte Suprema de Justicia del país.

Las llamadas telefónicas grabadas a las que The Associated Press tuvo acceso detallan las negociaciones a puerta cerrada entre el empresario guatemalteco Luis Mendizábal, abogados y miembros de la red para liberar a los detenidos en la trama para defraudar varios millones de dólares al fisco de Guatemala.

En una llamada fechada el 16 de abril, Mendizábal le dice al detenido Javier Ortiz, uno de los cabecillas de la red, que mantenga la calma porque pronto será puesto en libertad.

"Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabes. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa", dice Mendizábal en su conversación con Ortiz, alias "Teniente Jerez".

La magistrada Blanca Aída Stalling Dávila es integrante de la Corte Suprema de Guatemala.

"Si esas personas por alguna razón dijeron mi nombre, bueno pues no sé porque razón lo estaban haciendo, pero a mí no me preocupa de ninguna manera ese tipo de cosas. Estoy completamente tranquila y segura de que no he tenido ningún tipo de relación con ellos", dijo Stalling Dávila, y negó cualquier vínculo con los involucrados.

La magistrada dijo que si existen dudas, que las autoridades realicen las investigaciones sobre estos hechos.

"Que investiguen la verdad, si hay alguna relación, creo que es fácil que la gente quiera meter a otros en problemas (...) cuando una persona ocupa un cargo importante mucha gente utiliza el nombre de alguien para beneficiarse de eso y no es la primera vez", agregó Stalling Dávila.

El plan de fraude al fisco ha sacudido a la clase política de Guatemala desde que fuera anunciado en abril y se ha convertido en el escándalo de corrupción más grande para un presidente en ejercicio. El caso incluso le ha costado el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien tras ser supuestamente mencionada en las escuchas telefónicas, y tras una solicitud de retiro de su inmunidad, decidió renunciar al cargo en una medida elogiada por el presidente, Otto Pérez Molina.

La tarde del sábado el Congreso aceptó la renuncia de Baldetti y ésta perdió su inmunidad. Una hora después, las autoridades la arraigaron.

Se alega que Juan Carlos Monzón Rojas, mano derecha y exsecretario privado de la vicepresidenta, lideraba la red para defraudar al Estado por millones de dólares al aceptar sobornos a cambio de impuestos de aduana más bajos. Monzón es prófugo de la justicia cuyo último paradero conocido estaba en el extranjero, y actualmente está siendo buscado por las autoridades.

En un caso separado pero relacionado en el cual se nombra a Mendizábal, el viernes fueron detenidos cinco abogados que habrían sobornado a una jueza para que dejara en libertad a personas vinculadas al proceso.

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de Naciones Unidas, indicaron que los abogados pagaron a la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de la magistrada Stalling Dávila, para que liberara a tres sospechosos bajo fianza, entre ellos Ortiz --quien posteriormente fue arrestado de nuevo después que las autoridades se enteraron del escándalo de sobornos.

Sierra de Stalling no ha sido acusada debido a la inmunidad judicial, pero la fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema la retirada de esta condición para poder investigarla y procesarla por estos hechos.

Las instalaciones de Boutique "Emilio", propiedad de Mendizábal, eran usadas por la red de defraudación como centro de operaciones, según las autoridades. Mendizábal también se encuentra prófugo.

En otra conversación telefónica, Mendizábal se comunica con la abogada Ruth Emilza Higueros, una de las detenidas, quien le informa que el bufete para el que trabaja ya tiene varios abogados trabajando en el caso "que tienen mucho conocimiento y muchas amistades".

La fiscalía determinó que Sierra de Stalling conoció el caso en tiempo record y dejó libres a tres cabecillas de la banda y a tres empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria involucrados en el caso, con el argumento de que no eran funcionarios públicos.

Las autoridades descubrieron a través de 66.000 escuchas telefónicas la forma en que la red recibía sobornos de empresarios para evadir al fisco. Hasta el momento hay 27 personas detenidas por estos hechos.

Stalling Dávila es Magistrada Vocal VIII y presidenta de la Cámara Penal del Organismo Judicial. A su cargo está el conocer asuntos judiciales que tenga que ver con todos los procesos penales del país. Su llegada a la alta magistratura junto a los 12 jueces que conforman la Corte Suprema de Justicia fue muy convulsionada, ya que hubo recursos legales de por medio y una gran animadversión de grupos de la sociedad civil que reclamaban que la elección de todos los magistrados estaba plagada de irregularidades.

"Todas las instancias del sector justicia están (no sólo) deslegitimizadas, sino también involucradas", dijo la activista Helen Mack sobre la vinculación de Stalling en los hechos. Si "la depuración no comienza en el organismo judicial difícilmente vamos a poder hablar de una democracia".