Guatemala: Acusan a policías de ejecuciones extrajudiciales

El Ministerio Público capturó el miércoles a 19 agentes de la Policía Nacional Civil, acusados de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.

La fiscalía dijo que entre los detenidos hay un subdirector de operaciones, un subinspector, oficiales y agentes a quienes "sindica de haber participado en la muerte de Luciano Canjucub, de 40 años, Sebastián Rax Caal de 45 y Óscar Chen Quej de 25 años", dijo la fiscalía.

Los hechos ocurrieron en la aldea Semococh Chisec del departamento de Alta Verapaz, a unos 200 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, el 15 de agosto de 2014, cuando la policía ejecutaba un desalojo de campesinos indígenas en el lugar.

La fiscalía dijo que el día de los hechos la policía envió al lugar a un contingente para desalojar a 20 campesinos que bloqueaban un camino.

"La propiedad era de la hidroeléctrica Santa Rita", dijo en conferencia de prensa la fiscal general Thelma Aldana, al referirse que los hechos se dieron por el desalojo de los pobladores de caminos que llevan a la hidroeléctrica. Los pobladores cerraron los caminos en protesta por estar en contra de las operaciones de la hidroeléctrica, en los hechos hubo incluso retención de agentes policiales, ataques a pobladores y trifulcas.

La fiscalía presentó evidencia de que los policías ejecutaron a sangre fría a los pobladores que se enfrentaron a ellos mientras eran desalojados.

En un video mostrado por las autoridades se puede observar cómo los policías y los pobladores se lanzaban piedras, de pronto se escuchan varios disparos, policías y pobladores corren, en un momento los policías observan a una persona tirada en el suelo herido de bala y no le prestan auxilio. Dos personas murieron desangradas en el lugar.

El Ministerio Publico identificó a Hernán Oliva Aldana como el usuario del arma que habría disparado "indiscriminadamente" a los pobladores, y que provocó al menos una de las muertes, pero aún espera determinar si fue el único que disparó.

Los delitos por los que se capturó a los agentes son ejecución extrajudicial, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, disparos de arma de fuego y obstrucción a la justicia, dijo el fiscal Orlando López. La fiscalía realizó 13 allanamientos en 6 departamentos del país en busca de los policías acusados.

El día de los hechos varios pobladores denunciaron desapariciones forzadas y otros crímenes.

Posteriormente se detuvo al menos a 22 pobladores de la localidad y se condenó a cuatro de ellos a prisión por atentados e instigación a delinquir.

Los detenidos se encuentran en los tribunales de justicia a la espera de que un juez resuelva su situación.