Argentina aprueba indemnización por atentado contra la AMIA

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles la ley que otorga por única vez una reparación económica para los familiares de las víctimas del atentado contra una mutual judía en 1994.

La sanción de la iniciativa, impulsada por el bloque oficialista con apoyo del resto de las fuerzas políticas de la cámara baja, coincide con el peor momento en la relación entre el gobierno de Cristina Fernández y los líderes de la comunidad judía.

Los beneficiarios de la indemnización serán los familiares de los 85 muertos y las 150 personas que resultaron heridas en el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cuya autoría intelectual la justicia argentina adjudica al grupo fundamentalista Jezbolá con el respaldo de Irán. Teherán niega las acusaciones.

El pago será por única vez y los damnificados tendrán un plazo de 180 días para tramitarlo ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reparación le costará al Estado 350 millones de pesos (unos 40 millones de dólares) a pagar en bonos.

El diputado Remo Carlotto, del gobernante Frente para la Victoria, dijo en la sesión que este beneficio equipara a las víctimas de la AMIA con las de otras tragedias, como los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y con los herederos y heridos de otro atentado terrorista ocurrido en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, quienes fueron reparados económicamente por ley.

En la víspera, el canciller argentino Héctor Timerman renunció como socio de la AMIA tras acusarla de obstruir un acuerdo con Irán que según él hubiera permitido avanzar en la investigación del atentado en 1994 contra esa institución. Esta dimisión tensó aún más la relación entre el gobierno y la comunidad judía, que comenzó a resquebrajarse con la firma de ese acuerdo en 2013 y luego con la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida recientemente.

El canciller denunció que los líderes comunitarios tienen la intención de "mantener la denuncia contra los sospechosos y al mismo tiempo boicotear toda posibilidad de iniciar el juicio, comenzando con obstaculizar los instrumentos de cooperación judicial acordados con Irán".

El acuerdo con Teherán, cuestionado por las instituciones judías y defendido por algunos grupos de familiares de las víctimas del ataque, fue aprobado por el Congreso con el apoyo del oficialismo y sus aliados. Luego fue declarado inconstitucional en dos instancias judiciales y en los próximos días debe ser analizado por la Cámara Federal de Casación.

Nisman, que investigaba el atentado contra la AMIA, acusó el 14 de enero a la presidenta Fernández y al canciller de integrar un plan para encubrir a los iraníes acusados del ataque, y denunció que el memorando era una pantalla. Cuatro días después fue hallado muerto en su vivienda de un tiro en la cabeza en misteriosas circunstancias.

La justicia argentina ha desestimado la acusación de Nisman por considerar que carecía de pruebas.

La AMIA comunicó el miércoles que aceptaba la renuncia del canciller, al tiempo que rechazó las acusaciones de éste.