Congreso argentino investigará deuda externa del país

Una comisión bicameral integrada por distintas fuerzas políticas quedó conformada este martes para investigar el origen, evolución y estado actual de la deuda externa argentina, una de las más abultadas de la historia financiera mundial.

El comité investigador se puso en funcionamiento en coincidencia con el pleito judicial que el país sudamericano mantiene en una corte de Nueva York con fondos de cobertura estadounidense que le reclaman una compensación de 1.500 millones de dólares por títulos impagos desde el default de 2001.

Argentina declaró ese año la cesación de pagos de su deuda externa por 100.000 millones de dólares, un hecho inédito en la historia de los mercados internacionales.

Varios partidos políticos, sobre todo de izquierda, venían reclamando desde hace tiempo que se investigara el origen de la deuda por entender que una parte de ella fue contraída de manera irregular durante la última dictadura militar (1976-1983), cuando creció notablemente el endeudamiento del país.

El partido gobernante, con control de ambas cámaras, recién ahora dio su respaldo a la iniciativa justo cuando la presidenta Cristina Fernández redobló las críticas contra los fondos inversores liderados por el magnate Paul Singer, a quienes acusó de llevar adelante una campaña de desprestigio contra el país y su familia.

"Hace pocos días, Argentina volvió a acceder al mercado de capitales, a tasas razonables, porque hemos honrado la deuda y la vamos a seguir honrando, lo que no vamos a honrar jamás es la usura internacional y la estafa internacional, eso no se honra, eso lo prohíbe Dios", dijo Fernández el martes durante un acto.

El 97% de los acreedores de Argentina aceptaron una quita importante del capital original invertido en los dos procesos de reestructuración de deuda en 2005 y 2010. Una parte de los que no aceptaron fueron a la justicia de Estados Unidos y lograron una sentencia favorable que el país sudamericano se niega a cumplir por entender que es injusto con aquellos bonistas que negociaron.

Por esta negativa, Argentina fue declarada en desacato y bloqueados sus pagos a los acreedores reestructurados a través de bancos extranjeros.

Una de las tareas de la comisión será investigar "la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres --como fueron apodados los fondos de cobertura que accionaron contra el país- con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda", según la ley que la constituyó.

La comisión parlamentaria deberá emitir un informe final en un plazo de 180 días.