Canciller argentino renuncia como socio de la AMIA

El canciller argentino Héctor Timerman renunció como socio de la Asociación Mutual Israelita Argentina tras acusarla de obstruir un acuerdo con Irán que permitiría avanzar en la investigación del atentado en 1994 contra esa institución, por el que está imputado un grupo de iraníes.

Timerman notificó su decisión en una carta fechada el lunes y dirigida al presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, que fue enviada el martes a The Associated Press y a otros medios de comunicación desde su cuenta personal de correo electrónico.

En la misma señaló que al no pertenecer más a la mutual judía, la principal del país, le retiraba además a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) "el derecho a hablar" en su nombre.

El secretario general de la AMIA, Mario Sobol, confirmó a la Agencia Judía de Noticias que la entidad recibió la carta de renuncia y que tendrá "el tratamiento normal para cualquier socio en la próxima reunión de la Comisión Directiva".

"Renuncio como miembro de una organización de la cual supimos estar orgullosos y hoy nos avergüenza", dijo Timerman, quien manifestó su malestar por haber sido blanco de las críticas de las instituciones judías.

El canciller argumentó su decisión en el "accionar obstruccionista" de ambas instituciones en la investigación del atentado contra la asociación judía, que causó 85 muertos y cuya autoría intelectual la justicia argentina adjudica a ocho iraníes, la mayoría de ellos ex funcionarios y ex diplomáticos. Irán niega los cargos.

Tanto la AMIA como la DAIA "alimentan, tal vez sin desearlo, campañas de quienes pretenden usar dicha tragedia para fines contrarios a los intereses nacionales", dijo el canciller.

Agregó que la intención de los dirigentes de ambas instituciones es "mantener la denuncia contra los sospechosos y al mismo tiempo boicotear toda posibilidad de iniciar el juicio comenzando con obstaculizar los instrumentos de cooperación judicial acordados con Irán".

Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorando de entendimiento que, según el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, buscaba avanzar en la investigación del atentado, por el que no hay detenidos ni condenados.

El acuerdo, cuestionado por las instituciones judías y defendido por algunos grupos de familiares de las víctimas del ataque, fue aprobado por el Congreso con el apoyo del oficialismo y sus aliados. Luego fue declarado inconstitucional en dos instancias judiciales y en los próximos días debe ser analizado por la Cámara Federal de Casación.

El gobierno considera que el memorando es la única forma de que la causa judicial pueda destrabarse y que cinco iraníes imputados del ataque sobre los que pesan circulares rojas de Interpol sean interrogados por un juez argentino.

Las organizaciones judías lo cuestionan por considerar que Teherán nunca permitió entregar a los iraníes sospechosos del ataque y que Irán ha mostrado su animadversión con los judíos.

El fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba el atentado contra la AMIA, acusó el 14 de enero a la presidenta Fernández y al canciller de integrar un plan para encubrir a los iraníes acusados del ataque y señaló que el memorando era una pantalla. Cuatro días después fue hallado muerto en su vivienda de un tiro en la cabeza en misteriosas circunstancias.

La justicia argentina ha desestimado la acusación de Nisman por entender que carecía de pruebas.

Timerman también afirmó que los bonistas que litigan contra Argentina en Estados Unidos en reclamo de 1.500 millones en títulos en cese de pagos quieren desprestigiar el memorando.

"Dos años antes de que Nisman presentara su canallesca denuncia ya los fondos buitre publicaban solicitadas sobre un supuesto pacto espurio entre Argentina e Irán", dijo Timerman, que acusó a las instituciones judías de validar que "la escoria local e internacional utilice a las víctimas para sus fines espurios".

Días atrás Fernández cuestionó una supuesta reunión en 2013 entre Nisman y dirigentes judíos en la que el fiscal habría dicho que estaba dispuesto a demoler el acuerdo con Irán y que de ser necesario Paul Singer, representante de esos fondos, estaría dispuesto a ayudar.

La mandataria se basó en una columna periodística de un ex dirigente de la DAIA que mencionó esa supuesta reunión, que fue negada por la institución.