Comisión de justicia recomienda continuidad de CICIG

La comisión de justicia nombrada por el presidente Otto Pérez Molina para evaluar el trabajo que realiza la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala recomendó al mandatario su continuidad por dos años más.

La Comisión Internacional, Cicig por sus siglas, es un organismo de Naciones Unidas creado para combatir las redes del crimen organizado incrustadas en el Estado guatemalteco.

"Hemos llegado a la síntesis correspondiente lo que llevó a recomendar al señor presidente de la república la prórroga del mandato de Cicig por dos años", dijo Josué Felipe Baquiax Baquiax, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la comisión formada para evaluar dicha comisión internacional.

Pérez Molina había informado que en base a dicho informe emitiría su decisión la cual se espera sea el jueves. Los evaluadores también recomendaron que el organismo internacional diseñe un plan de trabajo según las investigaciones que vaya a realizar y lo coordine con el Ministerio Público.

Pérez Molina enfrenta una de las más graves crisis de su gobierno por una investigación hecha pública por la fiscalía y la comisión internacional que establecieron una red criminal de contrabando y defraudación aduanera supuestamente encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Rojas, prófugo ahora de la justicia, viajó el 13 de abril a Corea del Sur junto a Baldetti, para que ella recibiera un Doctorado Honoris Causa. Baldetti dijo que en Asia, ella informó a Monzón de las investigaciones y lo había destituido del cargo.

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, informó a la prensa que viajó en días pasados desde España hasta Colombia, y de allí a El Salvador "como paso de tránsito y su destino final era Honduras". Agrego que dos familiares le acompañan.

Según las autoridades la red, integrada por al menos 50 personas, habría defraudado al fisco por varios millones de dólares. Veintidós personas han sido ligadas al proceso.

La estructura diseñó una tabla paralela con la cual se realizaban los cobros ilegales en las aduanas, en los puertos de Santo Tomas de Castilla y Quetzal, en el Atlántico y el Pacífico.

En una escucha telefónica de las investigaciones, según la fiscalía, dos de los involucrados hablan de haberle entregado 2,3 millones de quetzales (unos 300 mil dólares) a Monzón, producto de sobornos de dos semanas.