Gremio de periodistas expulsa a dueño del diario El Mercurio

El gremio de periodistas chilenos expulsó de sus filas a Agustín Edwards, dueño del periódico El Mercurio, por presuntamente haber recibido dinero de la CIA a fin de desarrollar una campaña de desprestigio contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende.

El Tribunal de Ética y Disciplina de Santiago del Colegio de Periodistas fue el que decidió la expulsión de Edwards, tras señalar que "fue hallado culpable de vulnerar disposiciones del Código de Ética Periodística" en un proceso que comenzó en noviembre de 2014.

El gremio indicó que el tribunal expidió su resolución basado en los últimos documentos secretos que fueron dados a conocer en Estados Unidos, "donde Edwards Eastman aparece como periodista y dueño de la empresa El Mercurio SAP, colaborando en acciones de la CIA y obteniendo fondos" del gobierno de Richard Nixon para "sustentar una política editorial de desinformación y de ese modo contribuir a socavar la democracia, para facilitar el golpe de Estado" contra Allende en 1973.

Ni Edwards ni su empresa quisieron pronunciarse sobre la sanción. Una de las abogadas de El Mercurio, Natalia González Bañados, dijo que mientras esté pendiente el plazo para recurrir esta resolución, el periódico no emitirá comentarios sobre ella.

En declaraciones en octubre de 2013 ante el juez Mario Carroza, que adelanta una investigación judicial sobre quiénes fueron los gestores del golpe militar, Edwards dijo que ni el diario ni él recibieron financiamiento de la CIA y que él se encontraba fuera del país en aquellos años y no tuvo injerencia editorial en las decisiones del periódico.

"Debo reiterar que El Mercurio no recibió aportes de Estados Unidos, ni hubo una relación estrecha entre El Mercurio y la CIA, más que lo que ya he declarado; no manejé información sobre las actuaciones de los Servicios de Inteligencia en Chile, ni antes ni después del año 1975", dijo entonces.

Edwards tiene diez días para apelar la decisión, que es una sanción simbólica y no le significa más que una recriminación moral.

La acusación fue presentada por la nueva presidenta del Colegio, Javiera Olivares, de militancia comunista, y por otros directivos del gremio, además de las presidentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y la líder de los parientes de ejecutados políticos, Alicia Lira.

Al consultársele por qué el Tribunal emitió una sanción contra Edwards después de tantos años, Olivares respondió que hubo una denuncia anterior que no prosperó porque la mayoría del Tribunal de Ética de entonces votó en contra. Distinta suerte corrió la denuncia del año pasado, "con nuevos argumentos", dijo a la AP.

Los aportes de la CIA fueron revelados en 1999 cuando el gobierno de Estados Unidos ordenó dar a conocer documentos que hasta entonces eran secretos. En uno de ellos, esa agencia de inteligencia informó de una reunión entre su entonces director, Richard Helms, y Edwards celebrada en septiembre de 1970 en Washington. En 2008 se dieron a conocer más documentos sobre la misma materia que habían sido secretos.

"No recuerdo haberme entrevistado con el señor Richard Helms en los términos que señala en la pregunta", dijo Edwards en 2013 en la investigación que adelanta Carroza.

Los documentos también aparecen mencionados en una pesquisa de una comisión del Senado liderada por Frank Church, quien produjo un detallado informe sobre la acción encubierta de la CIA en Chile.

Peter Kornbluh, autor del libro "Pinochet: Los archivos secretos", dijo que "hay pagos que han sido documentados de la CIA a El Mercurio entre 1970-1973". A eso hay que incluirle nueva información que era secreta y que ya ha sido dada a conocer, la cual incluye documentos de esa central de inteligencia que identifican al periódico "como uno de los principales colaboradores en promover el golpe".

La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) le restó atribuciones a los colegios de profesionales, a los que éstos tenían obligación de pertenecer. Ahora el ingreso es voluntario.

Según cifras oficiales, durante ese período de gobierno fueron asesinados 3.095 opositores, de los cuales un millar aún se encuentran desaparecidos.

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Luis Andrés Henao, corresponsal de The Associated Press en Chile, colaboró con este despacho.

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