Comisario de Arizona se enfrenta a juicio por desacato

El martes dio comienzo una audiencia para decidir si un jefe policial de Arizona debe ser declarado en desacato por violar las órdenes de un juez en una demanda por encasillamiento racial que se originó por sus agresivas operaciones contra inmigración ilegal en barrios hispanos de la zona metropolitana de Phoenix.

Los cuatro días de audiencia en el procedimiento civil comenzaron con un tribunal lleno que incluyó a activistas defensores de los derechos de los inmigrantes y a críticos que han tenido confrontaciones en el pasado con el alguacil Joe Arpaio, del condado Maricopa. La audiencia marca el intento más osado para responsabilizar personalmente de sus actos al normalmente desafiante comisario.

El primer día brindó una mirada al funcionamiento interno de la oficina de Arpaio, incluido el testimonio de un supervisor que desarrolló materiales de capacitación para atender el mandato de un juez en 2011 que prohibió a la agencia realizar operaciones contra la inmigración.

La capacitación nunca ocurrió, y la oficina continuó aplicando la ley federal de inmigración por otros 18 meses.

Al preguntársele por qué nunca se realizó la capacitación, el sargento Brett Palmer respondió que "era contraria a las metas y objetivos del alguacil".

Agregó que la regla prevaleciente en toda la oficina del alguacil era "hacer que el alguacil luzca bien ante la prensa y el público".

Arpaio observó sin expresión alguna mientras Palmer lo criticaba. No está claro si Arpaio será llamado a testificar.

Palmer dijo que aproximadamente un mes después de la orden emitida en 2011, el comisario se molestó cuando se enteró que autoridades federales de inmigración se habían negado a aceptar inmigrantes detenidos por su oficina porque estaban en un presunto vehículo de contrabando.

Sin una violación criminal estatal para retener a los inmigrantes, la oficina del comisario no podía mantener su custodia. Palmer planeó llevar a los inmigrantes a otra agencia federal de inmigración, pero se le ordenó que primero llamara a Arpaio, quien le ordenó no liberarlos.

"El comisario tomó una postura muy autoritaria", dijo Palmer, señalando que el alguacil elevó el tono de voz durante la llamada, pero que después cejó.

Interrogado por un abogado de Arpaio, Palmer admitió que desde entonces ha tenido dos ascensos.

Palmer dijo que el comisario quería cambiar el nombre de su escuadrón insignia de unidad de contrabando humano a división de contrabando humano porque utilizar la palabra división atraería más atención mediática.

Palmer dijo que Arpaio quería además colocar retenes en carreteras para atrapar inmigrantes que estuvieran en el condado sin permiso y que le preguntó su opinión jurídica sobre el asunto. Él le dijo que era una mala idea, y nunca se colocaron los retenes.

Arpaio, cuyas duras políticas carcelarias y redadas contra la inmigración ilegal lo han convertido en una figura con presencia nacional, estuvo sentado ante la mesa de la defensa, escuchando con atención durante la mayor parte de la audiencia.

El juez federal de distrito Murray Snow decidirá si Arpaio y cuatro asistentes deben ser declarados en desacato. A los agentes de la oficina no se les informó sobre el mandato, lo que permitió que violaran la orden judicial durante aproximadamente 18 meses.

Arpaio ha admitido que desobedeció la orden del juez previa al juicio por un caso de etiquetación racial que prohibió sus redadas de inmigración.

El alguacil además ha aceptado responsabilidad en el hecho de que su agencia no entregó videos de detenciones viales en el caso de encasillamiento racial y de haber entorpecido la recopilación de tales grabaciones en poder de agentes una vez que fueron descubiertos algunos videos.

Arpaio podría enfrentar multas si es declarado culpable de desacato civil. El juez advirtió que Arpaio tendría que pagar las multas de su propio bolsillo y que no puede cargárselas a los contribuyentes.