Futuro incierto para comisión contra impunidad en Guatemala

Incluso en una Guatemala asediada por la delincuencia, la noticia causó asombro: las autoridades desmantelaron una red de corrupción en las aduanas del país que habría defraudado al erario público millones de dólares, y en esa red están implicados tanto el actual jefe de la autoridad hacendaria como su predecesor.

Las intervenciones telefónicas, redadas y 20 arrestos anunciados la semana pasada fueron fruto de una investigación de los procuradores de justicia y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la cual se estableció con el fin de investigar y procesar a la delincuencia organizada y su nociva influencia en el gobierno y el sistema judicial.

Pero el futuro de la comisión dependiente de la ONU está en vilo. El presidente Otto Pérez Molina dice que decidirá pronto si Guatemala seguirá cooperando con la Comisión o si transferirá las responsabilidades de ésta a las agencias judiciales locales.

Los analistas dicen que no se sabe con certeza si Guatemala está lista para combatir la corrupción por sí misma, y advierten que un "no" del mandatario podría poner en peligro los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en un país plagado de sobornos, pandillas y una tasa de homicidios de cerca de 34 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

"Las instituciones aún necesitan a la CICIG", dijo Alejandro Balsells, constitucionalista y catedrático de derecho en Guatemala. "Los que están contra la permanencia de la Comisión son los mismos que están molestos porque la verdadera justicia prospere en el país".

La comisión recibió recientemente el apoyo de influyentes personajes internacionales, entre ellos senadores federales de Estados Unidos y el vicepresidente Joe Biden, quien hace unas semanas visitó Guatemala para sostener conversaciones con líderes centroamericanos acerca de los 1.000 millones de dólares en ayuda financiera que solicitó el presidente Barack Obama para la región.

Pérez Molina ha dicho que no se dejará presionar sobre el tema y que pretende anunciar su decisión este mes después de recibir una recomendación de un panel designado para evaluar la labor de la Comisión de la ONU. Aunque reconoció que la Comisión ha logrado algunos resultados, insinuó que su presencia no puede ser permanente.

"Aunque se quedara 10 años más, no es la Comisión la que va a resolver la situación de justicia", dijo Pérez Molina en entrevista con The Associated Press. "Somos nosotros, los guatemaltecos, los que tenemos que ver si en verdad queremos arreglar nuestras instituciones, fortalecerlas y hacer que vayamos caminando hacia adelante".

La Comisión, integrada por personal de 25 naciones, fue creada en 2007 después que Guatemala pidió ayuda para investigar delitos graves, y ha ayudado a encausar a 161 servidores públicos por corrupción, aunque no ha dicho cuántos de esos han sido declarados culpables.

Su trabajo también ha inculpado a dos directores de la Policía Nacional, provocado el despido de cientos de agentes vinculados con sobornos, el narcotráfico y asesinatos extrajudiciales, e identificado a 33 organizaciones delictivas que operan en Guatemala.

"Es como que yo le diga a mi vecino que venga a corregir a mi hijo cuando a mí me toca", dijo Francisco Palomo, abogado del exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue procesado por matanzas perpetradas durante su gobierno. La CICIG "ya debe irse", aseveró.

Pero muchos grupos civiles piden que se renueve el mandato de la Comisión por otros dos años. Sus partidarios dicen que ha hecho importantes progresos para desmantelar redes criminales en Guatemala, donde 90% de los delitos quedan impunes.

En un caso notable, la Comisión compiló evidencia que condujo a la presentación de cargos el año pasado contra el excapitán del ejército Byron Lima, quien ya cumplía una condena de 20 años por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998.

Lima presuntamente ha creado desde la prisión un emporio multimillonario fundado en la extorsión y la corrupción, y ha dicho que financió la campaña del partido político de Pérez Molina, aunque el presidente ha refutado cualquier nexo.

Un reporte reciente de la Oficina de Washington sobre América Latina, una organización afincada en Estados Unidos que promueve los derechos humanos en la región, rastreó los orígenes de las redes criminales de Guatemala a los servicios de inteligencia, los movimientos de contrainsurgencia y los grupos paramilitares que operaron durante la guerra civil de 1960 a 1996 y que no fueron plenamente desmantelados.

"Fueron cooptando a las instituciones del Estado para, desde dentro, procurarse impunidad... Siguen siendo una grave amenaza para la gobernabilidad y el Estado de derecho en Guatemala", dice el reporte.

Iván Velásquez, quien preside la CICIG, concuerda.

"Es un país con profundos problemas de impunidad que aún no se han resuelto pero que estamos dispuestos a aportar en la solución", aseguró.

Pérez Molina dijo hace unos meses que el ciclo de la Comisión se estaba acercando a su fin, pero se retractó y aclaró que aún no se había tomado decisión alguna.

Activistas en defensa de los derechos humanos afirman que el presidente teme mantener a la Comisión en activo porque él mismo podría ser investigado, aunque no han hecho acusaciones específicas en su contra.

En la entrevista con la AP, Pérez Molina refutó esos señalamientos.

"Yo no le tengo miedo a nada, porque no hay nada", aseveró el mandatario. "Esas son excusas o pretextos de los que defienden que la Comisión se debería de quedar, no es el mandato de la Comisión investigar presidentes".

Pero los activistas señalan que la comisión ya investigó a un expresidente guatemalteco por corrupción, y Pérez Molina está a nueve meses de dejar el cargo.