Guillermo Moreno, el polémico secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández, fue procesado por supuesto "abuso de autoridad" de funcionario público contra una consultora privada a la que había sancionado por difundir un índice de inflación distinto al oficial.

La medida fue dispuesta este martes por el juez federal Claudio Bonadío, quien consideró en su fallo que Moreno y otros dos funcionarios del área actuaron de forma "ilegal y arbitrariamente en el marco de su competencia específica al formar un sumario administrativo y tras haber intimado ilegalmente, formular cargo y luego multar a Finsoport S.A. -entidad conformada por profesionales de ciencias económicas- con el objetivo que cesara de publicar o facilitar índices y estimaciones de precios".

Finsoport es una de las siete consultoras privadas a las que Moreno sancionó con multas de 500.000 pesos (87.100 dólares) por difundir índices de precios al consumidor supuestamente con una metodología incorrecta. El rasgo común de estas encuestadoras fue calcular una inflación generalmente del doble a la estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyas estadísticas están bajo cuestionamiento desde que el propio Moreno tomó el control del organismo en 2007.

La justicia dejó sin efecto las multas contra las consultoras en mayo, tras lo cual Finosport denunció penalmente a Moreno.

"Para mí es muy reconfortante que Bonadío procese a Moreno", dijo Jorge Todesca, director de Finsoport. "Estamos consiguiendo que el gobierno nacional no pueda actuar sobre los ciudadanos de manera arbitraria".

Según Bonadío, "los pretendidos errores metodológicos esgrimidos como fundamento de la supuesta errónea o tendenciosa labor de Finsoport S.A. -y claro, el resto de las consultoras- en mediciones privadas no pueden ser catalogados como hechos delictivos o perjudiciales, cuando el Estado tiene medios y formas para demostrar y comprobar esos supuestos errores".

Moreno es uno de los funcionarios más controvertidos de la administración de Fernández, no sólo por su injerencia en el instituto de estadísticas sino también porque ha sido acusado de presionar empresarios para fijar acuerdos de precios y por llevar adelante una política de control de las importaciones considerada "arbitraria" desde ciertos sectores económicos.

El juez Bonadío también trabó embargo sobre los bienes de Moreno hasta cubrir la suma de 50.069 pesos (8.700 dólares).

La agencia estatal Télam informó que el secretario de comercio apelará la medida.