Menos del 1% de los casos investigados por desplazamiento forzado en Colombia ha llegado a una condena y si el país no adopta medidas para frenar los abusos contra quienes reclaman tierras, de los cuales al menos 21 han sido asesinados desde 2008, tales problemas se agravarán considerablemente, indicó el martes Human Rights Watch.

El presidente Juan Manuel Santos "impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa, amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización.

"A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo", agregó Vivanco en conferencia de prensa al presentar un informe titulado "El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de tierras en Colombia".

De acuerdo con Human Rights Watch, la violencia del conflicto armado interno colombiano ha provocado, sólo en las tres últimas décadas, que unas 4,5 millones de personas abandonen sus tierras o unas seis millones de hectáreas. Colombia tiene en total de 114 millones de hectáreas.

Como víctimas del desplazamiento forzado de sus lotes -en una estrategia de los grupos armados ilegales para controlar territorios y a la vez acumular ilegalmente tierras- muchos de esos colombianos se han inscrito como reclamantes de sus terrenos en virtud de la llamada Ley de Víctimas, promulgada por Santos en junio de 2011 y que está en pleno efecto, que contempla el retorno de los terrenos a sus legítimos ocupantes y dueños.

Vivanco dijo en la conferencia de prensa que en virtud de la ley, que contempla que además de la devolución del lote las víctimas tendrán apoyo oficial por ejemplo en programas productivos y vivienda, sólo una familia había logrado el retorno a su hogar.

"Quizá la pregunta más importante es cuántas familias han logrado retornar a su lugar de origen, a su tierra, como resultado de este proceso, de esta política elaborada en la Ley de Víctimas y de restitución... hasta ahora, de acuerdo con las cifras oficiales, entendemos que sólo una familia ha logrado ejercer sus derechos plenos hoy día viviendo en el lugar que ha reclamado y con apoyo jurídico, político de las autoridades pertinentes", indicó. "Obviamente que la cifra impacta porque se trata sólo de una familia" con datos hasta el 31 de julio, añadió Vivanco.

Esa familia, del central departamento de Tolima, y otras 650 dispersas por el territorio, han sido beneficiadas con sentencias que les reconocen sus tierras, pero las 650 no han podido retornar por distintos problemas, entre ellos la inseguridad.

El Ministerio de Agricultura en un comunicado en respuesta a la organización internacional aseguró que "relativo a las cifras de retorno expuestas en el informe, es necesario hacer algunas precisiones: el total de sentencias hasta el momento son 233 que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas".

Agregó que "de los beneficiarios de restitución, alrededor del 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios; del 34% restante, aproximadamente el 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10% no ha retornado; hay que aclarar que la restitución no obliga a la víctima al retorno sino que este es voluntario".

El documento de Human Rights Watch no pudo ser presentado la víspera al presidente Santos por problemas de agenda del mandatario, indicó Vivanco.

En su informe, Human Rights Watch destacó que de las 17.000 investigaciones en curso en la Fiscalía por casos de desplazamiento forzado en toda Colombia, "en menos del 1% se ha dictado condena".

"Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados", indicó Human Rights Watch.

El problema de las amenazas y asesinatos, dijo Human Rights Watch, "no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas (para los reclamantes). Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen" en distintas zonas.

La mayoría tanto de los asesinatos como de las amenazas son atribuidas a grupos herederos de las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia o el paraguas que agrupó a las bandas paramilitares que se desmovilizaron a inicios de la década pasada.

Vivanco agregó que en esas intimidaciones y ataques también ha documentado casos perpetrados por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país y que mantiene negociaciones de paz desde fines de 2012 con delegados del gobierno de Santos para poner fin a casi 50 años de guerra, descrita tradicionalmente como un conflicto surgido precisamente por la tenencia y acceso a la tierra.