Minería en Haití: En espera entre incertidumbre y oposición

Un aldeano de 50 años trepó por una colina cubierta de hierba para pedir trabajo al supervisor de una minera estadounidense. Joseph Tony había escuchado que VCS Mining Inc. generaría empleo, pavimentación de vías y electricidad en esta provincia rural del norte de Haití.

"Todo el mundo está esperando", dijo.

Pero Williamcite Noel, el único empleado de VCS en Haití, no tiene un solo trabajo que ofrecer. Aunque la empresa consiguió los permisos para explotar una de dos minas de oro en diciembre de 2012, el proyecto que recibe el nombre de la colina dónde se ubica, Morne Bossa, se congeló dos meses después de que el Congreso haitiano impusiera una moratoria a la actividad minera en medio de profundas preocupaciones sobre si el país tiene la capacidad para regular adecuadamente una industria tan compleja.

La minería es vista como una fuente potencial de ingresos y empleos para el empobrecido Haití luego del sismo de enero de 2010 que arrasó la capital, ubicada al sur de la isla. Las empresas invirtieron 30 millones de dólares en hacer proyecciones con el apoyo de un gobierno ansioso por llevar el desarrollo al campo, donde la mayoría sobrevive gracias a una agricultura de subsistencia y donde carecen, incluso, de servicios básicos.

Pero la nueva era minera que algunos habían pronosticado está lejos de iniciar porque Haití no ha promulgado una ley para el sector que regule aspectos fundamentales como la protección al medio ambiente y los ingresos por regalías que recibiría el país.

Ahora es demasiado tarde. El gobierno del presidente Michel Martelly, un músico que cuenta con poco apoyo en el Senado y la Cámara de Representantes cuando llegó al poder en mayo de 2011, fue incapaz de impulsar la aprobación de la ley y de firmarla antes de la disolución del parlamento el pasado enero. Las perspectivas de que la ley se promulgue por el nuevo gobierno, que llegará el próximo año, también son inciertas.

"Todo está a la espera", dijo Tucker Barrie, vicepresidente de exploración de Majescor Resources Inc., una empresa canadiense que recibió el otro permiso de exploración, para dos concesiones al norte de Morne Bossa.

Majescor llegó a tener hasta 100 empleados en Haití, que trabajaron haciendo las proyecciones de explotación, pero ahora tiene un único beneficiario. Tras invertir cinco millones de dólares, la empresa entregó el mes pasado su participación en su filial haitiana a cambio de un porcentaje sobre beneficios futuros.

Barrie dijo que esto supone que la empresa local tiene que encontrar un nuevo socio o capital externo para financiar la explotación.

"Habrá poco interés hasta que se resuelva el tema de la ley de minas", dijo Barrie.

El gigante minero Newmont Mining Corp., que estuvo estudiando yacimientos mineros en Haití en asociación con Eurasian Minerals Inc., suspendió las exploraciones activas en el país en 2012, según su vocero, Omar Jabara.

Antes de la explotación minera registrada después del terremoto, la industria minera había estado adormecida desde el cierre de una mina de cobre cerca de Gonaives en la década de 1970. Se cree que el país tiene las mismas vetas de cobre y oro halladas al otro lado de su frontera, en República Dominicana, y que podrían producir oro y otros metales con un valor estimado de 20.000 millones de dólares.

Angelo Viard, el presidente haitiano-estadounidense de VCS, prometió contratar a ciudadanos locales, pavimentar caminos y llevar electricidad a la localidad próxima a su parcela en Morne Bossa. La empresa construyó una cancha de baloncesto y patrocinó un torneo deportivo, y Tony dijo que eso generó buena voluntad entre la comunidad. "La gente tiene mucha esperanza en la empresa", dijo.

Pero muchos haitianos no aguardan con ansia el desarrollo de la minería, pues son escépticos con una industria que podría contaminar un país con una frágil historia regulatoria y problemas medioambientales. Camille Chalmers, profesor de economía y miembro de un grupo de apoyo llamado Justicia Minería Colectiva, dijo que los potenciales beneficios para los trabajadores nacionales se han exagerado enormemente.

"Todos los trabajos importantes, con salaries decentes, irán a la gente extranjera", dijo Chalmers, que ha estudiado la industria con abogados deñ grupo de trabajo de Justicia Global de la Universidad de Nueva York. "Los caminos pavimentados y la electricidad son para las minas, no para el pueblo".

Chalmers dijo que el retraso es bueno: "necesitaríamos una moratoria de al menos 10 años para crear realmente las condiciones que permitan que una regulación racional de la industria se ponga del lado del interés del pueblo".

Los críticos temen también que las compañías puedan tener una influencia inapropiada en un país afectado desde hace tiempo por la corrupción. VCS se defendió de acusaciones de tráfico de influencias tras un comunicado de prensa sobre el próximo libro del escritor Peter Schweizer, que decía que la empresa había incorporado a su junta directiva a Tony Rodham, hermano de Hillary Rodham Clinton, y al ex primer ministro Jean-Max Bellerive, que era copresidente de una comisión de reconstrucción de Haití, tras el terremoto, con el ex presidente estadounidense Bill Clinton.

Viard dijo que Bellerive y Rodham eran asesores, no miembros de la junta, y que entraron en la empresa luego de que la firma obtuviese el permiso. "El sr. Rodham es una persona que conoce la industria y el mundo financiero y podría apuntar a algunas partes que podrían estar interesadas en invertir", dijo.

La incertidumbre política en el país ha alejado a algunos potenciales inversores, agregó. "Cualquier inversionista con el que hablamos dice que 'suena como un gran proyecto pero que es Haití... La gente mira la estabilidad, mira la historia", explicó.

Bellerive dijo que es un asesor no remunerado y que Haití debería considerar la minería sólo si puede asegurar que el medio ambiente estará protegido, que las comunidades locales se desarrollen en conjunto con cualquier mina y que el gobierno reciba una compensación justa. "No estoy seguro de que estemos preparados para enfrentar todo esos problemas ahora mismo", agregó.

Los congresistas parecen estar de acuerdo y aprobaron una resolución de diciembre de 2012 que suspendió la actividad minera tras decretar que los permisos expedidos ya no eran legales. El gobierno empezó a trabajar en nuevas regulaciones con la ayuda del Banco Mundial, pero los críticos dicen que el proceso se hace sin demasiadas aportaciones externas y que el borrador nunca se ha hecho público.

El enfrentamiento entre Martelly y el Senado por la legislación que convocaría elecciones se agravó hasta la disolución del Parlamento en enero, lo que agota las perspectivas no solo de que la ley minera se apruebe sino de cualquier otra ley importante sea promulgada. Las elecciones legislativas están previstas para agosto y las presidenciales para octubre.

El nuevo Congreso no empezará a operar a plenitud hasta el próximo enero, junto al nuevo Presidente, que luego tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro y a su gobierno en un proceso que en la isla caribeña suele demorarse varios meses. Nadie sabe cuándo podría presentar la normativa para la minería el nuevo gobierno o, incluso, si lo hará.

Mientras tanto, Tony y otros como él, dicen que esperarán los empleos que la mina genere y la infraestructura que llegaría con ella.

"La mina debería explotarse para que esta zona de desarrolle", dijo. "Esto no se puede quedar así".