El Comité para la Protección de los Periodistas pidió el lunes a las autoridades colombianas investigar el asesinato de un abogado y conductor de un programa de radio, baleado en una zona norte del país.

El organismo no gubernamental instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Édison Alberto Molina, ocurrido el 11 de septiembre pasado en la localidad de Puerto Berrío, unos 180 kilómetros al norte de Bogotá, indicó en un comunicado.

"Esclarecer y resolver el caso sería un importante paso para combatir el lamentable registro de impunidad de Colombia en casos de asesinatos de periodistas", añadió el Comité. 

Molina, un abogado de 41 años, recibió cuatro tiros en la cabeza al salir de la estación radial Puerto Berrio Stereo, donde tenía un programa semanal llamado "Consultorio Jurídico", de acuerdo con las autoridades.

El abogado iba en su moto junto a su compañera cuando desde otra motocicleta un pistolero le disparó, indicó el lunes en diálogo telefónico el coronel Ramiro Castrillón, comandante policial en aquella zona.

La policía maneja varias hipótesis sobre el asesinato de Molina, quien no había reportado amenazas según el oficial, entre ellas su trabajo como abogado litigante, presuntas luchas intestinas políticas con la administración local de Puerto Berrío.

El Comité, sin embargo, destacó que según colegas de la emisora, Molina "con frecuencia utilizaba la emisión para acusar al gobierno local de corrupción y que el abogado "había recibido varias amenazas en los últimos meses, incluyendo una bolsa plástica llena de tierra negra y huesos no identificados que llegaron una semana antes de ser asesinado".   

Por datos de la Federación Colombiana de Periodistas, el asesinato de Molina fue el segundo de un locutor este año luego de que pistoleros mataran a tiros en mayo pasado de Alberto Lázaro del Valle, director de la emisora Planeta, en la ciudad de Cali, al suroeste del país.

La federación estima que más de un 80% de los 140 asesinatos de periodistas ocurridos en Colombia desde 1977 y hasta ahora permanecen impunes.