California:Corte Suprema avala política de decomiso de autos

Una regulación del Departamento de Policía de Los Ángeles, que beneficia a conductores sin licencia en casos de decomiso y les permite ahorrar dinero al permitirles recuperar sus vehículos rápidamente es legal, de acuerdo una decisión de la Corte Suprema de California.

La Corte Suprema avaló la política el miércoles pasado, al dejar intacto el fallo de una corte de apelaciones que sostiene que la Orden Especial 7 es legal.

De acuerdo con la regulación de la agencia policial los automovilistas sin licencia pueden evitar que sus vehículos sean decomisados si es que al ser detenidos por las autoridades demuestran que tiene seguro, algún documento de identidad y carecen de antecedentes relacionados a manejo sin licencia.

En caso de que a un chofer sin licencia se le decomise su vehículo la regulación permite que puedan recuperarlo dentro de unos días, en vez de que puedan sacarlos después de 30 días, pagando muchos más por cada día de depósito.

La Orden Especial 7 afectó primordialmente a inmigrantes que viven en el país de manera ilegal, a quienes se les confiscaba sus vehículos por manejar sin licencia. Además no podían tramitar licencias por no contar con documentos autorizados.

Recuperar un vehículo decomisado podía llegar a costar miles de dólares, precio muy alto para inmigrantes sin residencia legal de bajos recursos, que a veces perdían sus autos cuando los dejaban en el depósito porque no podían pagar el costo.

Héctor Villagra, director ejecutivo de la Unión Americana para las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU por sus siglas en inglés), dijo que la regulación indica a los policías "cómo deben aplicar las leyes de decomiso de vehículos sin crear costos injustos a residentes pobres e inmigrantes, o creando la percepción de discriminación en base a la apariencia física de los hispanos".

"Al dejar intacta la decisión de la corte de apelaciones, la Corte Suprema reconoce que los cambios detallados en la Orden Especial 7 no entran en conflicto con leyes existentes ni socavan el código vehicular", dijo Villagra en un comunicado.

La política sigue vigente pero habría perdido su efecto devastador desde el 1 de enero, cuando entró en vigor una ley estatal que permite que inmigrantes no autorizados puedan solicitar licencias de conducir. Hasta el 25 de marzo 185.000 inmigrantes sin residencia habían obtenido una de estas licencias, de acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados.

La ACLU, que en el 2012 argumentó en la corte en favor de la regulación, espera que otras ciudades y condados decidan adoptar o modificar sus regulaciones en base a la decisión de la Corte Suprema, que solo cubre a Los Ángeles.

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E.J. Támara está en Twitter: https://www.twitter.com/EJTamara