Sin capturas por masacre en Guatemala

A casi una semana de la masacre de 11 personas en una localidad vecina de la capital, las autoridades guatemaltecas barajan la hipótesis que se trata de una acción de las pandillas, pero algunos pobladores apuntan a la policía, por relatos de testigos del hecho.

La matanza ocurrió el sábado pasado en dos cantinas del municipio de San Pedro Ayampuc, 18 kilómetros al noroeste de la capital, y hasta ahora nadie ha sido capturado, en tanto algunos de los 15 heridos han regresado a sus casas.

El secretario del Ministerio Público, Arturo Aguilar, ha señalado que se analizan todas las hipótesis.

"Hay que decir que sí hay elementos en la investigación que podrían llevar a pensar que se trata de un tema de pandillas", dijo Aguilar a The Associated Press sin querer ahondar sobre esos indicios pues dice que corresponden a la investigación.

Los atacantes hicieron por lo menos 90 disparos calibres 9 y 38 milímetros, en la matanza, en una acción que duró al menos 10 minutos.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el día del ataque se apresuró a decir que éste tenía que ver con las pandillas, y en los días subsiguientes ha mantenido esa tesis ante periodistas.

Sin embargo la comunidad no cree esa historia.

El día después de la masacre familiares de los fallecidos, que no quisieron ser identificados por temor, dijeron a AP, que creían que la policía tenía que ver en el ataque.

Un familiar de una de las víctimas mortales relató entonces, que el hombre llegó a su casa a avisarle que la policía estaba pidiendo los papeles de la legalidad de una de las cantinas y que también le habían pedido un soborno de 500 quetzales (unos 62,5 dólares), pero como no se los dio, los policías se fueron. Luego salió a avisar a otra cantina, pero cuando llegó está estaba siendo atacada.

"Los policías se fueron, pero les dijeron que ya no le vendieran licor a los menores de edad y que los sacaran del lugar. Pasaron unos 15 minutos y luego llegaron los atacantes, se oyeron los disparos. Parece que él se metió al baño y ahí lo mataron", dijo el informante, que rehusó dar su nombre por temor a las represalias.

El Ministerio Público le tomó ya declaración a los policías. López Bonilla confirmó que los agentes llegaron a la cantina tras una denuncia de que se preparaba un ataque, pero que al constatar que no había nada se retiraron. Según los testigos 15 minutos después sucedió la masacre.

Miriam Pixtum, líder de la comunidad de San José Nacahuil asegura que hay responsabilidad de la policía en el ataque.

"Nadie en la comunidad dice que la policía disparó pero que tuvieron que ver en el ataque, así fue", asegura Pixtum.

Según los relatos de testigos, que la comunidad ha recabado, alguien ayudó a los atacantes a huir y que pudo ser la policía.

"Hay gente que dice que cuando se oyeron los disparos la auto patrulla aún estaba en el lugar, los asesinos robaron el carro de una persona que murió y lo usaron para disparar por toda la comunidad y luego lo abandonaron a las afueras, ¿pero cómo se fueron?", se pregunta Pixtum.

Indicó que la comunidad se siente molesta cuando se habla de ataque a pandillas porque desde hace años no hay pandillas en la comunidad y porque se estigmatiza a los que murieron, pues se cree que eran pandilleros.

"Era gente honrada, trabajadores, albañiles que solo estaban tomándose un traguito" dice.

San José Nacahuil es una comunidad habitada en su mayoría por indígenas kaqchikel, ubicada en la cima de las montañas que bordean la capital guatemalteca, ahí no hay estación policial desde el 2005, los vecinos la quemaron acusando a los policías de corruptos. Hoy, tras la masacre, policías y soldados regresaron al lugar.

Para Yolanda Orqueli, líder comunitaria del municipio de San José del Golfo vecino de San Pedro Ayampuc, el origen del ataque tiene que ver con la lucha de las comunidades contra la minería. Ella es la líder de la lucha contra el Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), la minera instalada entre ambos municipios que se opone a la mina por considerar que contamina sus comunidades.

La activista asegura que dos semanas antes de la masacre entraron muchos agentes policiales a San José del Golfo. "Por temor a que pudiera pasar algo lo denunciamos a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Ministerio Público", dijo Orqueli.

Felipe Pixtum, otro vecino del lugar y familiar de uno de los fallecidos dice que ahora su temor más grande son los heridos que fueron testigos de los hechos.

"No sabemos de donde pudo venir el ataque, pero nos preocupan las represalias a los heridos, ahora hay policías y soldados que dan poco de confianza", explicó.

El domingo la comunidad planea hacer una caminata en solidaridad con las familias de los fallecidos y contra la estigmatización de que en el lugar hay pandilleros.