Crisis empresarial por corrupción voltea a líder derechista

El presidente de un partido conservador renunció el miércoles ante las críticas crecientes porque varios de sus candidatos recibieron aportes de un grupo empresarial cuyos dueños están presos por corrupción.

A la renuncia del diputado Ernesto Silva, presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, siguió casi de inmediato la de uno de sus vicepresidentes, el senador Iván Moreira, quien ha sido el único de la colectividad que admitió públicamente que recibió financiamiento "Irregular".

"Di la cara siempre y enfrenté lo que me tocó enfrentar con coraje, dignidad y transparencia", dijo Silva, quien no presidía el partido al momento del financiamiento ilícito, pero sí tiene lazos familiares con uno de los empresarios detenidos.

"Sin unidad no hay futuro para la UDI", dijo Moreira al renunciar.

La directiva de Silva recibía cada día mayores críticas internas.

La caída de parte de la cúpula de la Unión Demócrata Independiente está amarrada a la crisis derivada del llamado caso Penta, el nombre de la empresa cuyos dueños están presos desde el sábado por evasión tributaria, soborno, que financiaron económicamente a varios de sus candidatos de 2013, incluido a Moreira. Los políticos a su vez entregaron boletas propias o ajenas para que los empresarios descontaran impuestos.

Analistas esperan que ahora los políticos financiados por las empresas sean citados a declarar ante la justicia.

La crisis de la ultraderecha está inmersa en una desconfianza generalizada hacia los políticos y los empresarios o hacia la política y los negocios, que perjudicó de lleno a la presidenta Michelle Bachelet, cuyo hijo y nuera, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, están investigados por tráfico de influencia y uso de información privilegiada.

El matrimonio se reunió con uno de los más ricos empresarios chilenos, dueño de un banco, a quien le pidieron un préstamo de 10 millones de dólares a pocos días de las elecciones presidenciales de 2013, el que fue aprobado un día después del triunfo de Bachelet. Davalos-Compagnon compraron terrenos agrícolas por 10 millones de dólares y los vendieron por 15 millones de dólares con la promesa de que se podrían construir edificios.

El escándalo le causó una caída de 18 puntos de popularidad de Bachelet en febrero.

La crisis política llevó a Bachelet a crear en la víspera una comisión asesora presidencial que tiene 45 días para sugerir cómo delimitar ambos campos.