El Salvador: militar señalado de abusos quiere ser diputado

Un general en retiro que ha sido señalado por abusos durante la guerra civil busca un escaño en la Asamblea Legislativa postulado por un partido derechista, cargo que le daría inmunidad si se deroga una ley de amnistía que protege a quienes cometieron crímenes durante la guerra civil de los años 80.

El general Juan Orlando Zepeda, que ahora quiere ser diputado, es uno de los miembros de la cuestionada generación de militares salvadoreños, conocida como "La Tandona", que tomaron control de las fuerzas armadas durante la guerra (1980-1992) y que según los analistas también tenían el control del país y hasta actuaban por encima de la ley.

Al conocer las intenciones de Zepeda y de otro general de La Tandona, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Católica, Jeannette Aguilar, afirmó que "lo que están buscando es un salvoconducto para generar impunidad ante una eventual derogación de la ley de amnistía".

La Corte Suprema de Justicia estudia varias demandas contra la ley de amnistía y se espera que den una resolución después de las elecciones legislativas y municipales el domingo.

Aguilar criticó al partido derechista Alianza Republicana Nacionalista porque ha postulado a "estos viejos rostros asociados con señalamientos a violaciones a derechos humanos, y uno de ellos se le señala como uno de los autores (intelectuales) del asesinato de los jesuitas".

Varios de oficiales de La Tandona, incluido Zepeda, han sido reclamados por un tribunal español por haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva militar de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La guerra concluyó con la firma de acuerdos de paz en enero de 1992.

Los militares y el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) intentaron responsabilizar a los guerrilleros, pero en pocas horas quedó al descubierto que la matanza fue perpetrada por una unidad del batallón de elite Atlacatl, entrenado por Estados Unidos.

Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 2003, Zepeda participó en una reunión del alto mando de las fuerzas armadas donde se ordenó "eliminar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos".

Ellacuría y otros cinco jesuitas fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Católica.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, también expresó su desacuerdo con las candidaturas de Zepeda y del también general retirado Mauricio Ernesto Vargas, y afirmó que "es un mensaje negativo que busquen puestos de primer nivel en el Estado cuando tienen deudas con la justicia".

Zepeda respondió que "He demostrado que no he tenido nada que ver" con el caso de los jesuitas, y señaló que en el país se han realizado dos juicios: "En el primero ya hubo una condena, y en el segundo hubo un sobreseimiento definitivo que lo dio la Corte Suprema de Justicia".

"Yo estoy completamente limpio", señaló el ex militar en defensa de su derecho a ser candidato.

En los dos procesos se juzgó a los autores materiales de los asesinatos y no a los intelectuales, entre los que se menciona a Zepeda.

La Universidad dirigida por los jesuitas ha dado por cerrado el caso en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.

El procurador Morales sostuvo que Zepeda "no ha sido juzgado en El Salvador porque la justicia salvadoreña lo ha protegido arbitrariamente, aplicando indebidamente la figura de la prescripción".

"Es una deuda pendiente de la justicia salvadoreña procesar a los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas, entre ellos está en general Zepeda", enfatizó.

Vargas que también quiere ser diputado por Arena, no tiene juicios pendientes en el país, ni en el exterior, pero cuando se presentó como testigo de descargo de su colega de La Tandona, el coronel Inocente Orlando Montano, procesado en Estados Unidos por fraude migratorio y perjurio, el fiscal John Capin lo señaló como responsable de violaciones a los derechos humanos.

Un informe de un grupo del Congreso norteamericano citado por el fiscal Capin, señala que "tropas bajo su mando (de Vargas) en 1986 en Morazán practicaron la política de tierra arrasada".

Al consultarlo, Vargas dijo a los periodistas en El Salvador que "no tengo señalamientos, ni en la Comisión de la Verdad, ni he tenido ninguna denuncia en tribunales".

Ninguno de los militares acusados por el tribunal español ha sido extraditado de El Salvador a España. La Corte Suprema salvadoreña rechazó la solicitud de extradición sobre la base de la Ley de Amnistía de 1993.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2012 que la ley de a amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana (y) eso quiere decir que no fue valida en ningún momento y por lo tanto tiene que dejar de ser un obstáculo para investigar, procesar y sancionar a los responsables de crímenes como la Masacre de El Mozote donde los militares asesinaron a más de un millar de campesinos en 1981.