Cuatro individuos que afrontan la posible deportación después de declararse culpables de diversos delitos en Nueva York solicitaron el miércoles a la corte de apelaciones del estado que anule sus condenas porque nunca se les notificó que éstas tendrían consecuencias migratorias.

Dos se habían declarado culpables de cargos relacionados con drogas, otro de violación y el cuarto de abuso sexual, todo a cambio de que les impusieran sentencias reducidas de prisión.

Tribunales intermedios que habían ratificado las condenas, describieron la deportación como una "consecuencia colateral" y citaron como precedente un fallo que emitió en 1995 la Corte de Apelaciones de Nueva York.

La Corte Suprema federal dijo en una resolución emitida en 2010 que la deportación es parte de la pena que puede imponerse a un no ciudadano y determinó que los abogados defensores debían asesorar a sus clientes sobre ese riesgo.

Los magistrados habían citaron recientes cambios en la ley federal que ampliaban la lista de delitos que conllevan la deportación y que limitan la autoridad de los jueces para impedirla.

En los argumentos expuestos el miércoles ante la Corte de Apelaciones, los abogados de los cuatro acusados dijeron que los tribunales de Nueva York debían acatar el fallo federal que vuelve obligatorio que la defensa advierta sobre el detalle de la deportación a sus clientes.

Los abogados también dijeron que de acuerdo a las obligaciones estatutarias de los jueces de Nueva York, éstos también tienen la obligación de apercibir a los acusados de las posibles consecuencias migratorias.

"La deportación es básicamente un destierro y exilio. Es un castigo adicional", dijo la abogada Melissa Latino. "Cuando un juez firma una orden de condena, básicamente firma una orden de detención. Igualmente firma y sella la suerte de la deportación del acusado.

"...De acuerdo a la Ley de Inmigración y Naturalización, quien no sea ciudadano y cometa un delito grave, será deportado automática y obligatoriamente", apuntó.

En la exposición a nombre del guatemalteco Juan José Peque, que se declaró culpable de violación agravada, Latino dijo que otra consecuencia es la negativa al derecho constitucional a un juicio justo para que vuelva a admitírsele.

Los acusados deben tener derecho a saber de estas consecuencias antes de renunciar a ellos y declararse culpables, apuntó.