Sentencian a líder de red judicial corrupta en Bolivia

Un ex asesor jurídico del gobierno boliviano fue condenado a tres años de cárcel por encabezar una red de funcionarios que intentó extorsionar a un empresario estadounidense acusado de lavado de dinero.

"Decidí someterme a juicio abreviado porque entendí que mi familia y mi vida son más importantes", declaró el abogado Fernando Rivera a reporteros al concluir la audiencia en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país.

Con Rivera ya son ocho los ex funcionarios, entre ellos tres fiscales, que aceptaron su culpa para someterse a un juicio corto y recibir condenas mínimas por uso indebido de influencias y organización criminal.

Todos fueron denunciados por Jacob Ostreicher, un empresario estadounidense que estuvo detenido en una prisión de Santa Cruz durante un año y medio por supuesto blanqueo de dinero.

Ostreicher llegó a Bolivia para invertir en el cultivo de arroz. Huyó a Estados Unidos en diciembre de 2013 con ayuda del actor Sean Penn después de beneficiarse de un arresto domiciliario. La investigación de su caso quedó en suspenso y la fiscalía nunca sustentó sus acusaciones contra el empresario.

Rivera está detenido desde noviembre de 2012 en el mismo penal en que estuvo Ostreicher después de éste lo denunciara por exigirle 50.000 dólares para influir en la obtención de su libertad.

El abogado de Rivera, Carmelo Albeiro, dijo a la AP el martes que su cliente se declaró culpable de los cargos de "uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y organización criminal" pero no de extorsión.

Rivera podrá obtener su libertad en dos meses, dijo.

En una de las primeras audiencias tras ser detenido, Rivera declaró que cumplió órdenes para iniciar acciones legales a nombre del gobierno, lo que según su abogado, le llevó a influir en la decisión de los jueces a cargo del caso.

La investigación contra la banda derivó en la detención de otros funcionarios corruptos acusados de vender ilegalmente un cargamento de arroz que fue incautado a Ostreicher.

El desmantelamiento de la red desató uno de los mayores escándalos en la justicia boliviana considerada entre las diez menos fiables en Latinoamérica, según una encuesta divulgada en enero por el Barómetro de las Américas y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina.