Cuestionan plan de Fernández de reformar servicios secretos

Opositores y miembros del poder judicial cuestionaron la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de transparentar los servicios secretos, cuyas deficiencias quedaron en evidencia con la muerte del fiscal que denunció a la mandataria de encubrir a los iraníes de un atentado a un centro judío.

El alcalde opositor de Buenos Aires, Mauricio Macri, afirmó que Fernández "no tiene autoridad en este tema" y dijo desconfiar sobre cuáles serían las verdaderas intenciones de la mandataria que pretende crear una nueva agencia de inteligencia.

Algunos diputados opositores dijeron que constituye una maniobra para distraer a la opinión pública de la muerte del fiscal Alberto Nisman, artífice de la denuncia más grave que haya recibido la mandataria, y que en realidad profundiza la "politización" de los servicios de inteligencia. La justicia investiga si fue asesinado, se suicidó o fue víctima de un suicidio inducido.

La presidenta intentó retomar la iniciativa política en la víspera y descalificó la denuncia de Nisman, que fue encontrado muerto el 18 de enero, sobre un plan para garantizar la impunidad de ex funcionarios iraníes en el atentado en 1994 a un centro judío en Buenos Aires.

También propuso la disolución de la actual secretaría, que depende del Ejecutivo, y crear una Agencia Federal de Inteligencia

"La secretaría de inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre... el cambio se va a dar si la política ejerce el poder de otra manera... En los últimos años la secretaría nos transmitió más miedo que seguridad", dijo Macri ..

Tras la muerte de Nisman quedó al desnudo ante la opinión pública la existencia de guerras internas en el seno de los servicios secretos.

La presidenta afirmó que la denuncia de Nisman se basó en datos falsos suministrados por un ex jefe de espías que junto a sus colaboradores fue removido a finales de 2014. Insinuó además que ese hombre, identificado como Antonio "Jaime" Stiusso, estaría detrás de lo que ella considera un crimen que tiene como fin último desestabilizar a su gobierno.

Miembros del poder judicial consideraron inapropiado que, según lo que prevé el proyecto de reforma, las intervenciones telefónicas pasen de la órbita de los propios servicios secretos a la del Ministerio Público Fiscal, al considerar que éste no es independiente actualmente y no suele serlo cualquiera sea gobierno que esté en el poder, argumento que el Ejecutivo rechazó.

El presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Donoso Castex, dijo que lo razonable es que las escuchas que los fiscales piden y los jueces disponen en las investigaciones queden bajo la órbita de la Corte Suprema.

La diputada opositora Margarita Stolbizer advirtió que la eventual reforma de los servicios secretos corresponde a la clase política en general y no a un gobierno "que se va en unos meses" y hoy tiene el control en el congreso.

El también opositor Ernesto Sanz apuntó a que la reforma de los servicios secretos sería el "método para borrar" las anomalías en las que habrían incurrido durante los siete años de gobierno de Fernández.

El secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández desechó que la reforma pueda generar malestar entre los espías que resulten desafectados y remarcó que la nueva agencia de inteligencia se ocupará sólo de "delitos complejos" como "narcotráfico, trata de personas, defraudación al fisco".

Desde 1983, cuando se reinstauró la democracia después de una dictadura militar de siete años, ningún gobierno pudo controlar y transparentar los servicios secretos, que según analistas operaron para los intereses de los distintos Ejecutivos, partidos políticos y grupos periodísticos.

"Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión", señaló un informe de la Asociación por los Derechos Civiles.

"El espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley... Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes y de la aceptación pasiva de gran parte de la clase política", agregó.