Tribunal resarce a víctimas de masacre

Un tribunal guatemalteco decidió resarcir a seis familias de víctimas de la quema de la Embajada de España en Guatemala ocurrida en 1980 por un monto equivalente a 1,1 millones de dólares.

Durante la quema de la Embajada de España en la capital guatemalteca el 31 de enero de 1980 murieron 37 personas, entre ellas Vicente Menchú, un líder campesino y padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

El Tribunal de Mayor Riesgo "B'' otorgó a la familia de Menchú 1,5 millones de quetzales, casi 200.000 dólares. Los familiares de las otras víctimas recibieron la misma cantidad. Los jueces del tribunal habían solicitado a los familiares asistir a la audiencia de reparación para ser beneficiados pero solo seis familias acudieron a la cita.

"El procesado deberá hacer en caso efectivo el pago a tres días de quedar en firme el fallo", dijo Jeannette Valdés, jueza presidenta del tribunal.

El mismo tribunal condenó el lunes por ese hecho al ex jefe policial Pedro García Arredondo a 90 años de prisión por la muerte de 37 personas, la tentativa de asesinato del sobreviviente Gregorio Yujá --quien fue rescatado con vida del incendio y llevado a un centro asistencial pero luego fue secuestrado y asesinado-- y del ex embajador español Máximo Cajal y López, quien sobrevivió, y de dos estudiantes universitarios que fueron asesinados mientras asistían al funeral de las víctimas del incendio.

Según los testimonios aportados al proceso, campesinos, indígenas, obreros y estudiantes ingresaron a la sede diplomática para denunciar las atrocidades que cometía el ejército en sus comunidades en el marco de la guerra civil en Guatemala (1960-1996).

Los jueces responsabilizaron a Arredondo, de 69 años, de ordenar a policías no dejar salir a nadie de la sede diplomática mientras se incendiaba ni permitir el ingreso de los bomberos para rescatar a las víctimas, que gritaban cuando se quemaban vivas.

Los familiares habían solicitado un resarcimiento por 72,2 millones de quetzales (unos 9,3 millones de dólares) con base en un informe elaborado por el perito Frank Jorge Fritzsehe con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue aceptado por el tribunal debido a que no se pudo establecer que lo dejado de percibir por la muerte de las víctimas ascendiera a tal cantidad.

El tribunal no aceptó otras peticiones de resarcimiento como que el estado fuera responsable solidariamente por los hechos o que a través del presidente se pidiera perdón a las víctimas argumentando que en el juicio no se pidió condenar al estado por estos hechos.

La Premio Nobel dijo que analizaran las acciones para impugnar la falta de condena al estado pues "aquí quedo claramente señalado el estado", dijo.

La decisión de dejar fuera al estado no fue unánime, la jueza presidenta Jeannette Valdés razonó su voto y dijo que ella considera que sí debe incluirse al estado como responsable porque Arredondo era un funcionario público.

Guatemala vivió un conflicto armado durante 36 años que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según un informe elaborado por las Naciones Unida.