Muerte de fiscal afecta investigación del atentado

La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, a cargo de investigar el ataque terrorista contra un centro comunitario judío en 1994, marca un nuevo retroceso en una investigación ya salpicada por graves irregularidades y sospechas de encubrimiento político desde lo más alto del poder que han impedido la condena de culpables.

Durante dos décadas la investigación estuvo marcada por gravísimas irregularidades, desde la desaparición de pruebas clave, falsos testimonios y pistas inverosímiles. Tampoco estuvo exenta de maniobras de los gobiernos de turno, que muchas veces quisieron sacar tajada de la tragedia.

De hecho, dentro de poco serán juzgados como responsables de presuntas irregularidades para encubrir a los autores de la masacre el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), un ex juez federal y dos ex fiscales federales que investigaron el atentado desde el comienzo, un ex jefe de inteligencia y hasta un ex líder de la comunidad judía.

Fue el propio Nisman quien imputó a Menem, al ex juez federal Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex presidente de una organización judía, Rubén Beraja, por encubrimiento. Aún no se ha fijado fecha para celebrar el juicio oral. El ex mandatario niega los cargos en su contra.

La investigación se inició poco después de que el 18 de julio de 1994 una bomba destruyera la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, centro social y cultural de la comunidad judía en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas y dejó más de doscientos heridos. Dos años antes, el país sudamericano había sido blanco de otro ataque terrorista contra la embajada de Israel en la capital argentina, investigación en la que tampoco hay condenados.

En sus inicios, los investigadores argentinos señalaron al grupo extremista islámico Jizbula como responsable del atentado, quienes tuvieron el respaldo de Irán y de ciudadanos argentinos.

Pocos días después del atentado, fue arrestado un mecánico acusado de entregar a los terroristas la camioneta utilizada para cometer el atentado. Carlos Telleldín dijo primero que había vendido el vehículo a través de un aviso clasificado, pero en 1996 cambió su testimonio e involucró a oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Una decena de agentes de policías fueron entonces detenidos como parte de la denominada "conexión local" que participó en el atentado. Los acusados fueron declarados inocentes en un juicio en 2004 tras comprobarse que Telleldín los inculpó a cambio de 400.000 dólares aportados por el gobierno de Menem para desviar la investigación y buscar falsos culpables para cerrar el caso.

En 2002 el diario estadounidense The New York Times publicó el testimonio de un supuesto iraní "arrepentido", quien denunció que su país había depositado en una cuenta en suiza 10 millones de dólares destinados a Menem para desvincular a Irán del atentado. Suiza negó la existencia de una cuenta a nombre del ex presidente argentino.

Un año después Gran Bretaña informó que había detenido al ex embajador iraní, Hade Soleimanpour, sobre el que pesaba un pedido de extradición de la justicia argentina por el atentado. Londres desestimó el caso por falta de pruebas contundentes y lo liberó.

Además de Soleimanpour, la justicia argentina también reclama la detención de ocho sospechosos de haber orquestado el ataque, entre ellos Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, y Ali Fallahijan, ex ministro de inteligencia.

Irán niega su responsabilidad en el atentado y rechaza extraditar a sus ciudadanos.

El caso volvió a ocupar las primeras planas de los diarios en 2013 cuando el gobierno de Fernández firmó con Irán un polémico memorando de entendimiento para sacar de un punto muerto la investigación ya que el acuerdo abría la posibilidad para que los investigadores argentinos viajaran a Teherán para interrogar a los sospechosos. Líderes de la comunidad judía y de la oposición rechazaron el pacto por considerar que en realidad apuntaba a garantizar la impunidad de los acusados iraníes.

Antes de morir, Nisman sacudió a la opinión pública argentina al denunciar a la presidenta Fernández y a su canciller Héctor Timerman por encubrimiento. Para el fiscal, la mandataria pretendía librar de toda sospecha a los acusados iraníes para mejorar las relaciones comerciales con ese país, casi nulas tras el ataque.

El deceso de Nisman, cuyas causas la justicia busca determinar, significa un duro golpe para los familiares de la víctimas que desde hace dos décadas reclaman justicia.

"Hoy detonó nuevamente la bomba y tenemos la víctima 86 del atentado", dijo Sofía Guterman, madre de Andrea, una víctima del atentado. "El fiscal tenía que ir al Congreso a plantear su denuncia y resulta que ahora está muerto. La causa AMIA ya desde el principio fue intrincada, con mucho encubrimiento, con mucha mentira y esta muerte demuestra que sigue la misma línea del encubrimiento".

"Ojalá que esto no afecte a la causa; esta es mi expresión de deseo que creo que será muy difícil de concretar. El fiscal Nisman tenía a la causa AMIA como leiv motiv de su vida. Va a ser difícil de reemplazar", dijo Luis Czyzewski, padre de una víctima del atentado.

El cuerpo de Nisman fue hallado sin vida el domingo en su apartamento, justo un día antes de presentarse en el Congreso para ofrecer detalles sobre una investigación paralela a la del atentado y por la cual imputó a la presidenta Fernández como ideóloga de un supuesto plan para desvincular a Irán de toda responsabilidad en el caso por razones políticas y comerciales.