Conmoción por muerte fiscal que pidió indagatoria Fernández

Argentina amaneció conmocionada por la muerte de un fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernandez de ser la cabeza de un plan para encubrir a los iraníes acusados del peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino contra un centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994.

El fiscal Alberto Nisman, quien debía acudir a una audiencia ante el Congreso para explicar los alcances de su acusación, fue encontrado muerto en su apartamento de Buenos Aires la noche del domingo esta madrugada.

Nisman había pedido la semana pasada que Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y otros allegados al gobierno rindieran una indagatoria sobre el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado al centro judío.

Esta denuncia es la más grave proferida contra la mandataria, quien en otra causa es investigada por su vinculación societaria en una empresa. Según la denuncia, la presidenta y su canciller "tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán" para acercarse a ese país con el fin de "saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos".

La presidenta no hizo declaraciones públicas sobre las denuncias en su contra o sobre la muerte del fiscal. El gobierno negó días atrás las imputaciones y tildó a Nisman de mentiroso e ineficaz en su investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó la muerte de 85 personas y heridas a más de doscientas.

El fiscal fue hallado sin vida en el interior del baño, bloqueando la puerta de acceso al mismo. Junto al cuerpo, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma calibre 22 y un casquillo. La muerte se produjo por un disparo de arma, pero no se ha precisado en qué parte del cuerpo recibió el impacto.

Nisman vivía en la torre Le Parc, un complejo de apartamentos del lujoso barrio de Puerto Madero. A los reporteros y otras personas que se apostaron a las afueras del edificio el lunes en la mañana se les impidió su acceso por normas del lugar, y donde muchos residentes entran y salen del lugar en automóviles a través de estacionamientos subterráneos.

El fiscal tenía diez policías federales asignados a su protección, según un comunicado del Ministerio de Salud, que no proporcionó detalles sobre dónde se encontraban destacados al momento de la muerte del fiscal.

La red social Twitter se llenó de mensajes de argentinos que lamentaron la muerte del fiscal y exigieron el esclarecimiento del deceso. Políticos de distinta afiliación dijeron no creer que el hombre a cargo de una de las causas judiciales más importantes de Argentina cometiera un suicidio, aunque nadie oficialmente ha ventilado esa hipótesis.

Una marcha fue convocada para las 23.00 GMT en la Plaza de Mayo, al frente de la sede del gobierno, a través de redes sociales por personas que dijeron sentirse indignadas y con el propósito de pedir que se haga justicia por la muerte de Tisman.

La diputada opositora, Patricia Bullrich, dijo a los periodistas que Nisman le había dicho tres días atrás que "estaba amenazado". Agregó que habló con él "para coordinar detalles de su presencia en el Congreso... Me dijo que se iba a quedar todo el fin de semana en su casa estudiando la causa".

En declaraciones a radio Continental, Bullrich explicó que el fiscal quería que la reunión en el Congreso fuera reservada "para dar pruebas más contundentes".

Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de corresponsales extranjeros que se sentía muy seguro del paso que estaba dando. Señaló que le había advertido a su hija, de 15 años, que iba a escuchar críticas de todo tipo contra su padre.

Nisman afirmó entonces que no sabía si iba a ser víctima de represalias pero que se sentía obligado a presentar las acusaciones, que en parte están basadas en escuchas telefónicas de distintas personas en el marco de la investigación por el atentado, que estudió durante los últimos dos años y medio.

Indicó que en esas escuchas no se interceptaron las llamadas de Fernández, pero puntualizó que en "los audios se dice claramente" que el supuesto plan para proteger a los iraníes habría sido ordenado por la mandataria.

Según el fiscal, en las conversaciones grabadas se escucha al diputado nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no quiso identificar, al dirigente social Luis D'Elía, al "referente comunitario" y nexo local del régimen iraní Jorge "Yussuf" Jalil y a Moshen Rabanni, agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires al momento del atentado.

Sobre Rabanni pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. El gobierno de Irán siempre ha negado cualquier implicación en lo sucedido.

"Hay personal de inteligencia cuya identidad no puedo revelar que actúa para Irán y... que responden directamente a la presidenta, que le pasan información a Irán y a Rabanni de cuestiones de Estado, de cuestiones secretas argentinas", sostuvo el fiscal.

La sesión prevista en el Parlamento el lunes se va a mantener por "respeto" al fiscal y a modo de "homenaje", dijo la diputada opositora Bullrich.

Nisman requirió a la secretaría presidencial la "desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia" que "surgen" de las intervenciones telefónicas.

Horas después de conocerse la muerte del fiscal, el secretario de Inteligencia de la Presidencia, Oscar Parrilli, anunció que "a fines de brindar la colaboración que sea necesaria" y "por expresa instrucción" de la presidenta se autorizaba la "desclasificación del producido de las intervenciones" de cuatro abonados, cuyos números telefónicos aparecen especificados, y de "todo otro material, archivo e información de inteligencia vinculada a la investigación" del atentado contra la AMIA.

La orden fue dada por Parrilli a una jueza que debe estudiar, en primera instancia, las denuncias del fiscal Nisman, y que ahora están manos del magistrado Ariel Lijo, que estaba de vacaciones cuando Nisman presentó la denuncia.

El magistrado se reincorporó a sus funciones tras conocerse la muerte del fiscal y dispuso medidas urgentes para el "aseguramiento de la prueba relacionada con las escuchas telefónicas en la que el investigador basó la denuncia que efectuó", informó el Centro de Información Judicial.

Para ello, dispuso una "diligencia" en la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones del atentado a la AMIA para "incautar todos los discos compactos donde están grabadas las intervenciones telefónicas y toda la documentación detallada en la denuncia".

El canciller Timerman lamentó este lunes la muerte de Nisman. "¿Qué puedo decir?", dijo desde Nueva York. "Simplemente que me apena mucho el fallecimiento de una persona a la que conocía y que espero que la justicia prontamente pueda determinar la forma en que murió, que la justicia pueda avanzar en este tema, se esclarezca".

Timerman había sostenido que Fernández fue una de las dirigentes "más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado".

Nisman fue nombrado fiscal hace diez años por el difunto esposo de Fernández, el entonces presidente Néstor Kirchner, con el propósito de revivir la investigación por el atentado que ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio del centro comunitario judío.

Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país al momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol, lo que ordena que se realice su búsqueda de manera prioritaria.

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Eva Font colaboró con este despacho desde Nueva York.