Cárceles de Nueva York contrataron guardas con antecedentes

Un aspirante a guardia de prisiones en Nueva York había sido despedido de su último empleo como guarda de seguridad por robar. Otro admitió que había socializado de forma habitual con miembros de pandillas. Otro debía más de 400.000 dólares.

Sin embargo, todos esos candidatos, y docenas como ellos, fueron contratados el año pasado para formar parte del organismo que supervisa a unos 11.000 presos en Rikers Island, según una investigación realizada durante un año sobre las prácticas carcelarias y publicado el jueves. La Associated Press tuvo acceso a los hallazgos horas antes de que se anunciaran.

La pesquisa encontró problemas sistémicos con las contrataciones del Departamento de Prisiones, incluyendo la ausencia de una estrategia de reclutamiento en los últimos seis años, lo que permitió la contratación de un alarmante número de personas con historiales de detenciones, lazos con pandillas y otras señales de aviso que pueden ser indicio de corrupción.

El comisario del Departamento de Investigación, Mark Peters, dijo que se puede encontrar un origen de los problemas crónicos de violencia, contrabando y sobornos que plagan las cárceles neoyorquinas en el carácter y las cualificaciones de sus empleados.

"A menos que hayas cualificado de forma consistente a los agentes, resolver los otros problemas que nos preocupan es una tarea casi inconmensurable", dijo Peters.

"Esto es sólo un resultado de ignorar las contrataciones y revisiones de historial e investigaciones durante una década".

Los investigadores de la ciudad seleccionaron al azar 153 solicitudes de guardas contratados el año pasado, y descubrieron que 54 --o el 35%-- "presentaba señales de aviso significativas que deberían haber impedido su contratación directamente o requerido un seguimiento más avanzado".

La investigación descubrió que 79 guardias contratados admitieron tener amigos o familiares que eran presos, incluyendo uno con nueve parientes que habían cumplido sentencias en Rikers. Diez de los nuevos empleados habían sido arrestados más de una vez, y otros 12 habían sido rechazados por el considerablemente más exigente Departamento de Policía de Nueva York, seis de ellos por motivos psicológicos y uno por fallar un test de drogas.

En total, el grupo parecía "simplemente no apto para trabajar en las fuerzas de seguridad, ya sea trabajando como policías en las calles de la ciudad de Nueva York o en sus cárceles", afirmó el documento.

El comisionado de prisiones, Joseph Ponte, que prometió reformar un departamento lleno de problemas, dijo en un comunicado que estaba comprometido a "mejorar el reclutamiento, formación y retención de personal" y aplicaría muchas de las recomendaciones de los investigadores.

Una de esas propuestas es descalificar de forma automática a aspirantes que fueran despedidos de una agencia pública o hayan sido condenados por un delito en los cinco años anteriores.

Desde que se realizó la investigación, tres de los empleados problemáticos fueron despedidos por mala conducta, incluyendo uno que tenía una relación "excesivamente familiar" con un preso que luego fue arrestado en una trama de asesinatos por encargo. Dos de los guardas renunciaron. Las autoridades penitenciarias no aclararon qué harían con los demás.

Las pesquisas no hallaron pruebas de que se hubiera investigado si los aspirantes pertenecían a pandillas, aunque los propios agentes de inteligencia de las prisiones consideran ese aspecto como la principal amenaza de seguridad. Hasta que no comenzó la investigación, las cárceles no empezaron a hacer fotos de los tatuajes de los aspirantes para comprobar posibles lazos con pandillas.

Los investigadores consideraron a las personas que revisaban las solicitudes como mal preparadas, y descubrieron que no habían hecho comprobaciones relevantes sobre el pasado o la situación crediticia de los posibles empleados. También dependían de una evaluación del aspirante con una escala de 1 a 5, a pesar de no tener claro si la mejor puntuación era el 1 o el 5. Así, halló el informe, el 90 por ciento de los aspirantes recibió un 3 en la escala que no significaba nada.

Además, se detectaron siete ocasiones en las que el empleado a cargo de las contrataciones revocó decisiones de rechazar a candidatos no cualificados. En un caso, una persona rechazada y que obtuvo una mala puntuación en el examen psicológico fue contratada después de que su expediente indicara que amiga de la familia de Norman Seabrook, el poderoso presidente del sindicato que representa a 9.000 agentes de prisiones en la ciudad. Seabrook no respondió en un primer momento un mensaje pidiendo comentarios.

Rikers se ha visto bajo creciente escrutinio en el último año por parte de los medios y los investigadores, incluyendo fiscales federales que demandaron a la ciudad para que introduzca reformas contra lo que describieron como una "cultura de violencia profundamente arraigada".