Tratan de confiscar en Estados Unidos bienes de hondureño

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó el miércoles una solicitud para confiscar una serie de propiedades por valor de 1,5 millón de dólares adquiridas por un alto funcionario hondureño con el dinero de un soborno.

Se trata de nueve viviendas en el área de Nueva Orleans adquiridas con poco más de dos millones de dólares que una empresa de informática le pagó al director del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, actualmente preso en una prisión militar de Tegucigalpa, dijeron las autoridades en un comunicado que recibió la AP por correo electrónico.

Los pagos tenían como objeto priorizar a la empresa pagadora en la lista de acreedores del Seguro Social frente a otras empresas y fueron desembolsados a través de una empresa a nombre del hermano de Mario Zelaya, Carlos Alberto Zelaya.

Zelaya, médico ortopedista de 46 años, fue director del Instituto Hondureño de la Seguridad Social durante la administración del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y se encontraba prófugo desde enero.

Zelaya está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos, cohecho, lavado de activos y fraude.

Según el Ministerio Público, se habría gastado de manera fraudulenta al menos 120 millones de dólares provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y el pago de pensiones de vejez e invalidez.

El importe de los fondos desviados podría alcanzar los 210 millones de dólares, según el Ministerio Público.

El sistema se basaba en una sobrevaloración de los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña con sobreprecios de más de 100% a empresarios locales que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios.

Se compraron ambulancias en 700.000 dólares la unidad cuando valían mucho menos de la mitad.

La solicitud de confiscación de los bienes de Zelaya, que nace de la "iniciativa contra la cleptocracia" del departamento de Justicia, "tiene como objetivo localizar y recuperar los beneficios ilícitos conseguidos por funcionarios corruptos", dijo la fiscal general adjunta Leslie R. Caldwell.

"Los Estados Unidos no servirán de refugio para las ganancias de tus delitos. Si inviertes tu dinero robado aquí, lo confiscaremos", añadió.