Dominicana: someterán a 3 fiscales y 21 policías por drogas

Un tribunal dominicano ordenó el martes por solicitud de la Procuraduría el arresto de tres fiscales y 21 policías, entre ellos el recién destituido jefe del departamento antidrogas de esa institución, por no reportar tres decomisos que sumaron más de una tonelada de cocaína y cuyo destino se desconoce.

"De una manera u otra se convirtieron en narcotraficantes", dijo en conferencia de prensa el procurador general Francisco Domínguez. "Este tipo de situación es inadmisible", subrayó.

Adelantó que el ministerio público presentará cargos de tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros.

Una docena de implicados ya se encuentra bajo arraigo y las autoridades buscan a los demás.

Entre los detenidos figura el coronel Carlos Fernández, quien hasta diciembre se desempeñó como director del departamento antidrogas de la policía y fue suspendido en medio de la investigación. Fue arrestado el martes al término de varias horas de interrogatorio por parte de una comisión del Ministerio Público.

Fernández había dicho de forma escueta a periodistas la semana anterior que no estaba bajo investigación, sino que sólo había sido suspendido de forma temporal mientras se realizaban las pesquisas.

Los agentes y fiscales participaron a fines de septiembre del allanamiento a una vivienda al este de Santo Domingo donde se incautaron de unos 950 kilogramos de cocaína. Pero en el acta del operativo no se detalló el decomiso, los agentes afirmaron que no habían hallado ningún ilícito y la droga nunca llegó a los depósitos de pruebas del Ministerio Público.

Además de los tres fiscales y los 21 policías, la Procuraduría también solicitó el arresto del dueño de la vivienda y quien de forma presunta era el propietario original del cargamento de cocaína.

Germán Miranda, fiscal contra el lavado de activos, dijo de forma previa a la conferencia de prensa del procurador que el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva para el grupo de implicados, a fin de que las autoridades continúen las investigaciones y presenten formalmente los cargos.

Detalló que durante las investigaciones, que incluyen a allanamientos a las propiedades de los implicados, "se encontraron cosas valiosas desde el punto de vista de evidencia", incluidos los comprobantes de la compra de inmuebles con los activos provenientes de la droga.

El procurador Domínguez explicó que las autoridades desconocen el paradero de la droga, pero sospechan que fue vendida y distribuida en el país. "Jamás podemos permitir que quien está llamado a combatir el crimen sea el mismo que se alíe con el crimen", insistió.

Indicó que algunos de los implicados han entregado dinero en efectivo proveniente de la transacción del cargamento de cocaína, así como un departamento.

Agregó que hubo al menos otros dos operativos en los que participaron los mismos agentes y en los que las drogas decomisadas tampoco fueron reportadas. En total, el Ministerio Público estima que las drogas sumaban más de 1,2 tonelada.

Una comisión especial creada por la Procuraduría interrogó en las últimas dos semanas a varios fiscales y policías para determinar si la droga fue devuelta a los narcotraficantes a cambio de sobornos o si los propios agentes la vendieron por su cuenta.

La Procuraduría General abrió a fines de diciembre una investigación luego de que el propio jefe de la policía, Manuel Castro, reportó las irregularidades.

La investigación ha generado un debate sobre la eventual desaparición del departamento policial antidrogas, ya que el gobierno cuenta con una agencia especializada independiente de la policía.

Domínguez, quien en un comunicado había calificado el caso de "grave", recordó que no se trata de la primera ocasión en que hay complicidad entre policías, fiscales y el crimen organizado.

Según un informe de Amnistía Internacional presentado en 2011 con base en datos de la policía y de la Procuraduría, unos 12.000 agentes policiales fueron destituidos entre 2007 y 2010 por corrupción. La policía no ha detallado cuántos de ellos estuvieron vinculados al narcotráfico.

En 2013, agentes policiales allanaron un complejo residencial de ciudadanos alemanes, suizos y austriacos en el complejo turístico de Sosúa, 225 kilómetros al norte de la capital, ante denuncias de la existencia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y de una supuesta secta satánica. Los residente del complejo denunciaron que se trató de un "saqueo" en el que los agentes decomisaron bienes valorados en 1,5 millones de dólares, la mayores de cuales nunca llegó a los depósitos del Ministerio Público.

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Ezequiel Abiú López está en Twitter como http://www.twitter.com/Ezequiel_Abiu