Bloquean leyes de robo de identidad en Arizona

Un juez prohibió el lunes a funcionarios del condado Maricopa implementar dos leyes de robo de identidad en Arizona que han sido utilizadas para procesar a cientos de trabajadores inmigrantes.

El juez federal de distrito David Campbell tomó su decisión casi tres semanas después de que Joe Arpaio, jefe policial del condado Maricopa, desmantelara voluntariamente a su equipo que allanó decenas de negocios para arrestar a más de 700 inmigrantes, los cuales fueron acusados de utilizar identificaciones falsas o robadas con el fin de obtener empleos.

Aunque otras agencias efectúan arrestos amparadas en las dos leyes, la oficina de Arpaio es el único departamento en el estado en allanar negocios para hacer valer los estatutos. La clausura del equipo del jefe policial puso fin al último reducto importante de Arpaio en la aplicación de las leyes que regulan la inmigración después de que las cortes y el gobierno federal han restringido gradualmente su poder en los últimos años.

Campbell dijo que a los activistas por los derechos de los inmigrantes probablemente se les dará la razón en su dicho de que la ley federal tiene preeminencia sobre las leyes estatales de robo de identidad.

Annie Lai, una abogada que encabeza la impugnación a las dos leyes, dijo que el fallo del lunes le da a la comunidad inmigrante protección adicional si Arpaio volviera a intentar esos allanamientos en el futuro.

"Si decidieran que querían reanudar las redadas en los lugares de trabajo, ahora eso violaría una orden de un tribunal federal", afirmó Lai.

La oficina de Arpaio y la de Bill Montgomery, fiscal del condado, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la tarde.

Las leyes de 2007 y 2008 fueron versiones reestructuradas de estatutos de robo de identidad de Arizona que convertían en un nuevo tipo de delito el hecho de utilizar identificaciones falsas o robadas con el propósito de obtener o mantener empleos. Formaban parte de un paquete legislativo que buscaba confrontar a empleadores que contratan a inmigrantes sin autorización para residir en el país, y a los que se culpa de azuzar los problemas fronterizos de Estados Unidos. Se ha criticado que el paquete se enfoca demasiado en los trabajadores y muy poco en los empleadores.

Los fiscales que buscan revocar las leyes habían argumentado que la intención de la Legislatura al aprobar ambas no era hacer frente al robo de identidad, sino más bien combatir a la inmigración no autorizada e impulsar a los inmigrantes a salir del país.

Los abogados del condado que defendieron las leyes en la corte argumentaron que el propósito de dichas legislaciones no era confrontar a la inmigración no autorizada, sino más bien combatir el robo de identidad.

Los abogados que han representado a los inmigrantes en casos penales de robo de identidad han dicho que sus clientes utilizaron identidades falsas o robadas para obtener empleos, no para acumular deudas bajo el nombre de otra persona. Los inmigrantes que se declaran culpables de un delito grave suelen ser deportados y jamás pueden volver a ingresar legalmente a Estados Unidos.

Los partidarios de las leyes contra el robo de identidad dicen que los inmigrantes que roban identidades para obtener empleos están cometiendo un delito de todas formas, y que las víctimas podrían enfrentar dificultades, tales como no poder obtener préstamos.

En los últimos años, los tribunales han derogado varias leyes de Arizona que buscaban enfrentar la inmigración no autorizada, como por ejemplo una ley aprobada por los votantes en 2006 que negaba conceder fianza a cierto tipo de inmigrantes.

Aun así, un pequeño número de leyes de inmigración de Arizona han sido respaldadas en las cortes, incluida una sección crucial de la histórica ley sobre inmigración del estado de 2010 que requiere que la policía verifique el estatus migratorio de la gente en ciertas circunstancias.

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Interactivo AP:

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