Postergan juicio por genocidio a Ríos Montt

El tribunal que había planificado iniciar el lunes el juicio al general Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio lo postergó debido a una solicitud de sus defensores de separar del procedimiento a una de las juezas.

Ríos Montt había llegado en una camilla a la sala del tribunal para ser juzgado por genocidio y delitos contra la humanidad. Acompañado de paramédicos y de su hija, la ex diputada Zury Ríos, se le veía pálido y estaba ataviado con un pijama.

Los abogados del ex dictador solicitaron que la jueza presidenta Jeannette Valdez fuese separada del proceso judicial por haber escrito una tesis de maestría sobre genocidio, con lo que considera ha emitido opinión.

En un principio la jueza rechazó la solicitud, bajo el argumento de que "se observa una estrategia para obstaculizar" el juicio, pero luego de que el tribunal completo deliberara, incluidas las juezas integrantes Sara Yoc y María Eugenia Castellanos, estas dos últimas decidieron aceptar la resolución.

"El acusado duda de la imparcialidad de la juez presidenta, y este tribunal por mayoría acepta la recusación planteada y ordena remitir las actuaciones en forma inmediata a la sala jurisdiccional", afirmó Valdez al anunciar la resolución.

Ahora la Sala deberá de buscar una nueva jueza que se integre al tribunal para juzgar al militar y decretar una nueva fecha en que comiencen los debates.

Luego de conocer la decisión del tribunal, varios activistas por los derechos humanos y víctimas le gritaron al general "¡genocida, justicia es lo que queremos, cobarde!".

Las víctimas siguen esperando que comience el juicio. Una de ellas es Magdalena Bernal de Paz, de 88 años, quien fue la testigo número 57 en declarar en el primer juicio a Ríos Montt, sentenciado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante su gobierno de facto (1982-1983). Pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio y la sentencia, al tiempo que ordenó un nuevo proceso.

Con la ayuda de su nieta, quien traduce de su idioma ixil al español, Bernal habló con The Associated Press en su casa de piso de tierra y paredes de adobe en Nebaj Quiché, 250 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.

La anciana dijo que, aunque quisiera, no puede volver al tribunal en la capital guatemalteca porque está muy delicada de salud.

En el primer juicio Bernal recordó cuando el ejército de Guatemala llegó a su comunidad en 1982, robó y quemó las viviendas y la obligó a refugiarse junto con sus hijos en las montañas para salvar su vida.

"Quemaron las mazorcas, la casa, la ropa; ellos nos dejaron sin nada... todo se perdió", dijo.

Los testimonios de las víctimas Clemente Vásquez, Antonio Chen y José Velasco, ya fallecidos, también quedarán fuera del nuevo juicio.

"Ya lo dicho una vez es suficiente. Si quieren que lo vuelva a contar será aquí" en su comunidad, aseguró la anciana.

Guatemala vivió una cruenta guerra civil entre 1960 y 1996 que finalizó con la firma de acuerdos de paz. Según las Naciones Unidas, unas 245.000 personas fueron muertas o desaparecidas.

La ONU responsabilizó al ejército y los grupos paramilitares de 97% de esos crímenes.