Defensa de Ríos Montt pide no llevarlo a debate

Los defensores del general guatemalteco José Efraín Ríos Montt presentaron al tribunal un certificado médico para evitar que enfrente el juicio en su contra, que comenzará el 5 de enero por delitos de genocidio.

"Su estado de salud es delicado y los médicos siempre han indicado que no está en condiciones de trasladarse a los tribunales... recibimos la citación y volvemos a pedirle al tribunal para que resuelva", dijo Luis Rosales Marroquín, abogado defensor del general. La excusa fue presentada a principios de semana pero se hizo pública recién el viernes.

Agregó que "el tribunal va a tener que tomar una decisión si realiza o no el juicio porque tratándose de un debate no se le puede juzgar en ausencia".

El militar retirado enfrenta cargos por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad por la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante su gobierno de facto (1982-1983). Ríos Montt fue condenado por esos delitos a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013, pero la sentencia fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad, que ordenó un nuevo juicio.

Según sus abogados, Ríos Montt sufre desde hace varios años problemas en la columna vertebral, de la que ha sido intervenido quirúrgicamente; así como padecimientos cardiacos que lo obligan a portar un marcapasos.

"Creemos que se debe ponderar el derecho humano a la salud y esperamos que en ese sentido se resuelva", dijo Rosales.

Pero Héctor Reyes, abogado de las víctimas, aseguró que "todo esto nos conduce a pensar que hay litigio malicioso tratando de obstaculizar el inicio del debate oral y público. No nos extraña, pues tomando en consideración el primer debate pasó lo mismo, se tenía incertidumbre si iniciaba o no, de todas formas inició".

Mientras, las víctimas se preparan para el debate programado. De los más de 100 testigos presentados por el Ministerio Público, tres han muerto a la espera del nuevo juicio.

Los defensores del militar también han solicitado otras acciones legales para frenar el inicio del proceso, entre ellas la separación de la jueza presidenta del tribunal por considerar que tiene viciada su opinión por haber hecho una tesis en la cual hablaba sobre el genocidio. La jueza argumentó que sólo fue un trabajo académico y técnico para obtener una maestría.

Los tribunales guatemaltecos tienen en sus antecedentes juicios en ausencia. El caso más reciente es el de un tribunal de sentencia que juzgó y condenó a decenas de pandilleros a través de videoconferencia debido a que no fueron sacados de prisión por su alta peligrosidad.

Según Naciones Unidas, unas 245.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996). El reporte de la ONU señaló que un 97% de las muertes fueron responsabilidad del ejército y grupos paramilitares.