Bolivia definirá en 120 días asilo a ex asesor peruano

El gobierno de Bolivia decidirá en 120 días si concede asilo a un empresario peruano y ex asesor del presidente Ollanta Humala pero anticipó que no protegerá a fugitivos buscados en sus países por corrupción, informó el canciller boliviano.

"Vamos a considerar toda la información que llegue de Interpol o del gobierno peruano... pero Bolivia no va a proteger a personas que huyeron de sus países por delitos comunes o de corrupción", dijo David Choquehuanca en rueda de prensa el viernes.

Martin Belaunde "tiene condición de solicitante de refugio. El Concejo Nacional del Refugiado, para garantizarle el derecho de defensa, tiene que convocarlo y definirá en 120 días la situación", acotó.

El Concejo está presidido por el canciller aunque también participan otras organizaciones que apoyan a los refugiados.

El ex asesor de la campaña presidencial de Humala tiene una orden de captura internacional y es buscado en Perú por presunta corrupción.

Choquehuanca declinó precisar la residencia actual del empresario, quien ingresó en diciembre a Bolivia y se encontraría en La Paz según declaraciones de funcionarios judiciales peruanos en Lima.

El pedido de asilo político ha puesto en una situación complicada al gobierno boliviano. Morales busca el apoyo del gobierno peruano para que su país sea incluido como territorio de paso del futuro tren bioceánico, un multimillonario proyecto que impulsan Brasil y Perú con financiamiento de China para abrir una ruta expedita de exportaciones a Asia.

No obstante, Humala anticipó que la ruta cruzará por el norte de su país, lejos de territorio boliviano.

Bolivia también aguarda que el Congreso de Perú ratifique un convenio presidencial firmado en 2010 por el cual ese país concede a Bolivia ventajas para el uso de su puerto de Ilo, en el sur peruano.

Además el gobierno de Morales tuvo una ácida disputa con Brasil, que concedió asilo a un senador opositor procesado en Bolivia por corrupción, lo que ha enfriado las relaciones entre La Paz y Brasilia.

"Los Estados deben abstenerse de considerar los delitos de corrupción como delitos políticos. Bolivia va a actuar en el marco de la normativa internacional", dijo el canciller boliviano.