Jueza argentina prorroga medida a favor de LAN

La justicia argentina prorrogó el miércoles sin límite de tiempo la suspensión de una orden oficial para que Lan Argentina desaloje un hangar en el aeropuerto de Buenos Aires, medida que la empresa considera muy perjudicial para sus intereses.

La jueza Liliana Heiland prorrogó la medida cautelar en favor de la subsidiaria de LATAM Airlines Group que dispuso recientemente otra magistrada, un día antes que dicha orden judicial venciera.

Heiland ordenó que la "autoridad pública demandada... se abstenga de concretar cualquier acto que implique la ejecución de la resolución" de agosto del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos que obliga a la empresa a desalojar el hangar que ocupa en el aeroparque Jorge Newbery.

Esa resolución generó las protestas de empleados de la aerolínea de capitales chilenos y de gremios aeronáuticos, además de una creciente tensión entre el gobierno del presidente Sebastián Piñera y el de la presidenta Cristina Fernández.

La jueza Claudia Rodríguez Vidal había dispuesto la suspensión de la orden de desalojo del hangar el 28 de agosto, dos días antes de que venciera el plazo de 10 días dispuesto por las autoridades para que la aerolínea se retirara del aeroparque. Dicha magistrada fue recusada por el gobierno.

Lan solicitó que se extendiera la vigencia de la cautelar de Rodríguez Vidal al sostener que el desalojo iba a impedir "la continuidad del servicio público de transporte aerocomercial de cabotaje por carecer de una base de operaciones, con un grave impacto sobre la industria y especialmente sobre el futuro de sus 2.850 empleados", según se destaca en el fallo de Heiland difundido por el Centro de Información Judicial.

"Persisten las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justificaron el dictado de aquella medida interina", dijo Heiland al valorar la decisión de su colega. Agregó que la prórroga de la cautelar fue tomada "hasta tanto recaiga decisión definitiva en estas actuaciones".

Rodríguez Vidal argumentó que LAN Argentina no contó con el tiempo necesario para plantear su postura ante el ente regulador aeronáutico y le ordenó al Estado que en el plazo de cinco días elabore un informe sobre el caso, que según se desprende del fallo de Heiland aún no fue presentado.

LAN tiene contrato para ocupar el hangar hasta 2023 y sostiene que el desalojo haría imposible mantener los 10 jets que actualmente vuelan dentro de Argentina, además de seguir operando los 14 destinos de cabotaje.

La empresa ocupa un espacio de unos 2.500 metros cuadrados donde funcionan los talleres de mantenimiento, oficinas administrativas y almacenes de repuestos. Sostiene que en el hangar invirtió 5 millones de dólares y que paga por el mismo un canon de 20.000 dólares mensuales a Aeropuertos Argentina 2000, la empresa que opera las terminales aéreas del país y que respaldó la decisión de desalojo del gobierno.

LAN aduce que de trasladarse al aeropuerto internacional de Ezeiza, unos 40 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, le resultaría imposible mantener su operatoria actual.

En tanto, sindicalistas y miembros de la oposición denunciaron que la orden de desalojo apunta a perjudicar a la principal competencia de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea estatal.

El gobierno negó la acusación y dijo que la medida "no afecta los servicios" de la empresa y que ésta "podrá continuar sus operaciones desde y hacia el aeroparque metropolitano sin comprometer la seguridad operacional de los vuelos ni la estabilidad de las fuentes laborales".