En un cuarto de siglo de búsqueda por las montañas de la región más pobre del país, Alejandro Crispín y Alicia Colina hallaron casi un centenar de sitios de entierro clandestinos y tres decenas de cadáveres, pero ningún rastro de Javier, su primogénito desaparecido a los 18 años en 1989, luego de que soldados del Ejército lo secuestraron junto a otros dos estudiantes.

Rogaron su liberación al jefe militar local de la época Edgardo Alzamora, quien negó las detenciones. Escribieron cartas a la Iglesia Católica, al Parlamento y a tres presidentes entre 1989 y 2006, pero jamás obtuvieron respuesta.

"¿Por qué nadie está preso por desaparecerle un hijo a un padre, a una madre?", se pregunta el padre del muchacho, Alejandro Crispín, quien a los 69 años expresa una mezcla de indignación, agotamiento e incredulidad. "¿Cómo es posible que quienes mataron a inocentes estén libres?".

La odisea de la pareja es para activistas de los derechos humanos una parábola que refleja la incapacidad de la sociedad peruana para cicatrizar las heridas de miles de familias, la mayoría de ellas campesinos pobres que hablan solo quechua y que todavía están traumatizados por el conflicto que vivió el país entre 1980 y el 2000.

Diez años después de la publicación de un informe de una respetada comisión sobre el sangriento conflicto interno de dos décadas, Perú no ha seguido sus recomendaciones: no existe una organización estatal dedicada a encontrar los muertos y casi no hay procesos contra violadores de derechos humanos. Tampoco hubo cambios en 66% de casi 6.000 aldeas afectadas por la tragedia donde el Estado prometió construir caminos y escuelas, y solo 37% de 78.000 inscritos en un plan de reparaciones han recibido menos 10.000 soles en compensación por la violencia, según datos oficiales.

Los activistas dicen que Perú no madurará como país hasta que la élite aprenda de sus errores.

"Hay un profundo fracaso como nación en no sentir la más mínima empatía por el resto de conciudadanos", dijo Eduardo González, director del Programa de Verdad y Memoria del Centro Internacional Justicia Transicional con sede en Nueva York.

Argentina y Chile han avanzado mucho más en el procesamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad e incluso Colombia, que está en conflicto, ha trabajado más para otorgar fondos de reparación a las víctimas, añadió.

Con excepción del ex mandatario Alejandro Toledo, quien en 15 segundos pidió perdón a las víctimas de la violencia política luego que una comisión de la verdad lanzó en 2003 su informe, considerado el que mejor explica el periodo sangriento que vivió Perú entre 1980-2000, "no hay una sola institución pública ni social que haya reconocido sus errores", dijo el ex presidente de esa comisión, Salomón Lerner.

En el décimo aniversario de la publicación del informe de la comisión, el 28 de agosto, cientos de familiares de víctimas marcharon por las calles de la capital, pero el presidente Ollanta Humala, los jefes militares y los líderes empresariales se mantuvieron en silencio.

"Es una tarea pendiente", afirmó.

Al momento se han recuperado 2.478 cuerpos de 15.000 desaparecidos que dejó la guerra sucia, según datos oficiales.

Javier Crispín no está entre ellos.

Tenía 18 años cuando un grupo de soldados ingresaron en la casa donde él y sus dos amigos preparaban un trabajo grupal y los secuestraron, seguramente porque sospechaban que eran rebeldes, relató su padre. La ciudad se encuentra en uno de los departamentos más pobres del país, cerca de Ayacucho, cuna de la insurgencia y donde se han registrado más del 40% de las muertes y desapariciones.

Los tres desaparecieron en Huancavelica, que al igual que otras zonas del país era una ciudad donde estaba prohibido caminar acompañado por las calles, la electricidad se cortaba al atardecer y en las noches los disparos entre uniformados y los militantes de la organización guerrillera Sendero Luminoso se mezclaban con los susurros de los civiles aterrados en sus casas.

Decenas de pobladores dijeron a la AP que temían, y odiaban en secreto, al Ejército cuyos soldados con los rostros cubiertos por pasamontañas negras vaciaban al piso las mochilas de cualquier estudiante que detenían en la calle en busca de armas. "Pasaban por las calles gritando cara.., con... de sus madres, podemos hacer cualquier cosa con ustedes, ¿no ven que (el presidente) Alan García nos ha regalado este pueblo de mie...?", dijo Giovana Cueva, cuyo hermano Alfredo Ayuque fue secuestrado junto a Javier. "Entraban a los colegios de mujeres y nos revisaban, nos tocaban el cuerpo en zonas íntimas".

A diferencia de Guatemala, que contó con la ayuda de la ONU para hacer frente a su pasado violento, Perú ha hecho poco por ubicar, identificar y enterrar a los desaparecidos.

"Falta un mecanismo, una institución que haga esto", afirma Rafael Barrantes, quien dirige el programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Alejandro Crespín y su esposa Alicia buscaron a Javier sin ayuda de nadie.

"Todos estos años he tenido que pagar de mi bolsillo para ubicar las fosas", señala Crispín, un topógrafo jubilado que se gastó los 10 .000 dólares que alguna vez pensó usar para construir una casa de ladrillos con un jardín salpicado de flores amarillas para sus siete hijos.

La fiscalía, que no recibe apoyo político, está rebasada por la cantidad de casos y calcula que necesitaría como mínimo hasta 2043 para recuperar a los 15.000 desaparecidos.

La Comisión de la Verdad documentó solamente 24.692 muertes, de las cuales el 44% habrían sido obra del estado y un 37% obra de Sendero Luminoso. El resto no se sabe. Un porcentaje relativamente pequeño de esas muertes se produjeron en combate, lo que hace que activistas de los derechos civiles se quejen de que en el país no se hace justicia con los criminales de guerra.

Al menos 10.961 personas murieron a manos de agentes del estado entre 1980-2000, según la Comisión de la Verdad, pero al momento apenas hay 68 condenados por delitos de lesa humanidad y los jueces han absuelto a 134 imputados, la mayoría de ellos militares, según cálculos de la estadounidense Jo-Marie Burt, profesora de Ciencias Políticas de la George Mason University de Virginia y estudiosa de los juicios por derechos humanos en Perú.

Los jueces no recogen el argumento "de que en Perú hubo un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos", afirma Burt. "Más bien en los últimos años argumentan que solo fueron 'excesos' y con ese argumento están absolviendo a quienes habrían dado las órdenes".

Hay testigos que dijeron haber visto que los tres estudiantes fueron secuestrados por los militares y para el único fiscal en derechos humanos por Huancavelica Juan Borja el principal obstáculo para acusar a los presuntos responsables de las desapariciones está en el Ministerio de Defensa.

"Hay protección porque no se nos informa quiénes han sido los que han prestado servicio en las bases militares", dice Borja mientras junto al arqueólogo forense Luis Rueda cavan con picos y palas en un presunto sitio de entierro clandestino ubicado en un cerro a más de 4.000 metros, al cual llegaron tras caminar media hora, guiados por Crispín.

"Envié 80 pedidos al Ministerio de Defensa para este caso y otros y contestan que no tienen esa información", comenta Borja, quien investiga otros 238 casos por graves violaciones a los derechos humanos.

La AP llamó al Ministerio de Defensa en busca comentarios, sin obtener respuesta de inmediato.

Según la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso instigó el baño de sangre y provocó el 54% de las casi 70.000 muertes ocurridas durante el conflicto de dos décadas. Sus líderes y más de 600 miembros están presos por terrorismo, pero un buen número de mandos medios, culpables de crímenes de guerra, envejecen sin haber sido juzgados.

Nicanor Torres quiere tomar la justicia en sus propias manos.

El costurero de 52 años solo piensa en vengarse de los miembros de Sendero Luminoso que en 1984 mataron a sus padres y dos hermanos en la provincia de La Mar, región Ayacucho, el lugar de las peores atrocidades cometidas en Perú.

Afirma que conoce al asesino: un comandante senderista llamado Jesús Lapa Yaranga que lo hizo para robarles un millar de ovejas, un centenar de vacas y 53 caballos.

Torres investigó por su cuenta y ubicó la casa del supuesto asesino en Ayacucho, llevó una barra de fierro en la mano y tocó la puerta dos veces, la primera salió una mujer, la segunda una niña. Ambas dijeron que Lapa estaba de viaje.

"Le reventaría la cabeza con un fierro y no me importa ir a la cárcel", dice Torres, quien hace 29 años realizó un arriesgado viaje desde Lima hacia La Mar para rescatar a Alejandrina, su hermana de cuatro años, quien sobrevivió tras esconderse bajo las largas faldas de una vecina compadecida con el trágico final de su familia.

No conocía a su hermanita, le llevó una muñeca de cabellos rubios y un vestido rosado para persuadirla, no pudo convencerla hasta tres años después, tiempo que Nicanor empleó para enrolarse en el Ejército, donde adoptó el seudónimo de "Cementerio" y mató al menos a tres miembros de Sendero Luminoso.

Cuando migraron a la capital escapando del infierno, Alejandrina tenía siete años, solo hablaba quechua y había visto acuchillar, ahorcar, desmembrar, decapitar y eviscerar decenas de veces en su pequeño pueblo rural llamado Chaca.

Una noche de junio Nicanor, ahora con anteojos y Alejandrina, de 33 años y madre de tres niños que aún no saben su pasado, parten de Lima para realizar una de las acciones más significativas de sus vidas: enterrar a sus padres y hermanos cuyos huesos permanecieron 29 años en una fosa hasta que el 2012 la fiscalía los exhumó e identificó.

Es la primera vez que ella retorna a Chaca en un mini bus que trae otros 19 ataúdes con los huesos de igual número de vecinos que murieron en otra matanza de Sendero en 1988, en represalia porque los pobladores habían creado un comité de autodefensa.

En una tarde amarillenta y sin lluvia los hermanos y sus antiguos vecinos llevan los ataúdes por el camino rodeado de eucaliptos desde la plaza central al cementerio que está junto al río Hatunmayo, donde las ranas croan sin cesar.

Todos lloran, menos Alejandrina.

Solo cuando regresa a Lima, en la soledad de su habitación, las lágrimas aparecen. "No pude dormir dos días", dice.

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Franklin Briceño está en Twitter como: http://twitter.com/franklinbriceno