Deniegan objeción a ley de inmigración de Georgia

Un juez federal desestimó el viernes una objeción constitucional a la ley de inmigración del estado de Georgia de 2011.

La orden del juez federal de distrito Thomas Thrash implica que los cuerpos policiales de Georgia pueden pedir a las personas que demuestren su estatus migratorio en caso de que sean detenidas bajo sospecha de estar implicadas en un delito no relacionado con dicha condición.

En diciembre, el juez levantó un bloqueo preliminar y permitió a las autoridades empezar a hacer cumplir la disposición llamada "muéstreme sus documentos".

La denegación del viernes pone fin a todo el caso, si bien la decisión no impide futuras demandas legales presentadas por alguien que denuncie como inconstitucional un acto de registro e incautación.

Thrash citó el fallo de la Corte Suprema federal sobre una ley similar en Arizona que los jueces consideraron no era inconstitucional en apariencia y un fallo subsecuente de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, que señaló que la disposición en cuestión "sería interpretada de manera que genere un conflicto con la ley federal".

Karen Tumlin, abogada de uno de los grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron la demanda, dijo que la coalición seguirá vigilando la manera en que las autoridades de Georgia ejercen la ley. Varias cortes han señalado que las leyes podrían presentar nuevas dudas legales dependiendo de la forma en que las autoridades las hagan cumplir.

Asistentes del procurador de Georgia, Sam Olens, y del gobernador Nathan Deal, que firmaron la ley, se negaron a hacer comentarios al respecto.

Tumlin, abogada gerente del Centro Nacional de Derecho Migratorio, dijo que los demandantes han presentado peticiones de acceso a registros públicos para documentos que expliquen a detalle la manera en que 28 agencias del orden público planean implementar la ley y entrenar a sus funcionarios. Agregó que el grupo recibió varios documentos, pero se negó a proporcionar más información, y dijo que planean presentar los documentos públicamente.

Valiéndose del fallo de la Corte Suprema en el caso de Arizona como guía, Tumlin dijo que los individuos siguen protegidos constitucionalmente de ser detenidos porque las autoridades estén tratando de verificar su estatus migratorio o su ciudadanía estadounidense. La corte, señaló, sólo autorizó que los agentes pidan documentos y arresten a quienes consideren que están cometiendo un delito.

La abogada indicó que no descartaría una nueva demanda preventiva contra una jurisdicción local con base en las políticas de ésta, incluso si no hay un demandante que presente una acusación de que se han violado sus derechos.