México: Piden liberar a militares de caso Tlatlaya

Unas 200 personas marcharon el sábado del Zócalo de Ciudad de México a Los Pinos, sede de la presidencia mexicana, en apoyo de los militares detenidos por el caso Tlatlaya, suceso que varias organizaciones internacionales considera una ejecución extrajudicial.

Coreando lemas como "Yo sí le voy, le voy al soldado", los manifestantes exigían respetar los derechos humanos de los ocho detenidos, un teniente y siete soldados, tres de los cuales están acusados de homicidio y a quienes consideran chivos expiatorios del gobierno mexicano.

Ana Lucía Zabala, presidenta del grupo Humanistas por un Progreso Social que organizó la marcha a través de las redes sociales, lamentó que sólo se enjuicie a los soldados cuando "ellos no se mandan solos, no hacen las cosas porque sí".

A la protesta se unieron familiares y amigos de militares y algunos miembros de las fuerzas armadas ya retirados.

Marcharon con el lema "Yo soy 26" ya que, según los organizadores, son 25 los militares involucrados en el caso Tlatlaya --si bien oficialmente sólo hay ocho detenidos.

Para Zabala lo ocurrido el 30 de junio en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fue un "enfrentamiento" entre miembros del ejército y criminales que se dedicaban a "robar, secuestrar, ejecutar y violar" y que se saldó la muerte de los 22 supuestos delincuentes y un militar herido.

"Se me hace injusto que de buenas a primeras ellos sean los malos de la película, por hacer bien su trabajo", añadió. Por eso una de las exigencias de los manifestantes era el esclarecimiento del caso.

Según explicó, "por lo poco que he logrado investigar como ciudadana", el conductor de los militares recibió un balazo "y cuando lo tratan de sacar para ayudarlo es cuando se viene el relajo de dentro".

La historia sobre lo que pasó en la bodega donde murieron las 22 personas ha tenido varios giros en los últimos tres meses, incluido el hecho de que autoridades federales no investigaron la escena del crimen hasta mediados de septiembre y tampoco habían entrevistado a la testigo hasta este martes, según lo admitió Murillo Karam el martes pasado.

El Ejército informó inicialmente que los 22 presuntos delincuentes murieron en un solo enfrentamiento y que en el lugar fueron liberadas tres mujeres que habían sido secuestradas. Sin embargo, tal versión fue cuestionada por el resultado del supuesto tiroteo: la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que sólo uno de los soldados fue herido.

Además, periodistas de The Associated Press visitaron la bodega días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería disparos a corta distancia.

Sin embargo, el procurador aseguró esta semana en MVS Radio que fue el propio Ejército el que le notificó unos días después del incidente que había detectado irregularidades y violaciones a sus protocolos, por lo que se inició una investigación.

Entre los presentes en la marcha del domingo estaba César Gutiérrez, hijo del fallecido general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de la época del presidente Ernesto Zedillo que fue condenado por sus vínculos con el cártel de Juárez, todo un escándalo ocurrido a finales de la década de 1990.

Gutiérrez lamentó que los militares se queden sin el apoyo de sus mandos cuando surge algún problema en alguna operación y sean ellos quienes asuman las consecuencias.

Añadió que familiares de los detenidos fueron amenazados para que no participaran en la marcha y a los encarcelados "los tienen segregados" en la prisión militar "para que no filtren información".

"Si la institución con mayor credibilidad según las encuestas es el Ejército y la Marina, ¿cómo puede ser posible que ellos (los militares) como individuos sean los más endebles?", se preguntó. "Si queremos exigir que respeten los derechos humanos empecemos respetándoles a ellos".

"Hay muchos militares presos cuando están haciendo un trabajo que no les corresponde, estar en las calles combatiendo el narcotráfico. Están haciendo el trabajo sucio del presidente", indicó a la AP Carmen Mora, quien dijo tener un amigo militar preso en Michoacán por un delito que no cometió.