Guerrero: Algunos cuerpos no son de estudiantes

Las autoridades de Guerrero aseguraron el sábado que algunos de los cadáveres localizados hace una semana en fosas clandestinas halladas en este estado del sur de México no son de ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace dos semanas en ese mismo lugar.

"Sin dar mayores elementos sí les puedo afirmar que algunos de los cuerpos, de acuerdo con los avances que se llevan con los peritajes en materia forense, no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa", dijo el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, en una conferencia de prensa celebrada en Iguala, ciudad donde sucedieron los ataques y las desapariciones el pasado 26 de septiembre.

Sin embargo, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, aseguró que todavía "no se han acabado las pruebas" y no hay datos suficientes para hacer tal afirmación.

"No sé en qué se base el gobernador", dijo Murillo Karam en un breve encuentro con la prensa en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde tuvo una reunión de coordinación con las familias y sus representantes.

El fiscal añadió que una vez que culmine el proceso de identificación de los restos y el cruce de datos con el ADN de los familiares, serán estos los primeros en ser informados de los resultados, y mientras tanto no dirá nada para "no caer en especulaciones".

Por su parte, Vidulfo Rosales, representante legal de las víctimas, dijo a The Associated Press no tener información al respecto.

Rosales explicó que el procurador no les habló de ningún tipo de identificación y tampoco les dio detalles sobre el número de cadáveres encontrados en las nuevas fosas halladas el jueves ni sobre las condiciones en las que se encuentran.

Lo que sí subrayó es que continúa el "bloqueo" de las autoridades a ciertos trabajos del equipo de antropólogos forenses argentinos aunque las familias han dejado en claro que sólo aceptarán como buenos sus informes.

Una semana después de localizadas las primeras fosas "acaban de poder acceder a los restos de los 28 cadáveres calcinados pero siguen sin acceso a las cuatro nuevas fosas" ubicadas esta semana, indicó.

Por eso, Rosales dijo desconocer cómo se están llevando a cabo los trabajos de exhumación de los restos y teme que "ya pueda haber problemas porque algunos indicios se hayan perdido".

En este primer encuentro directo con Murillo, las familias le solicitaron acceso total de los peritos argentinos a las fosas y de los abogados al expediente de la PGR, algo que todavía no ha ocurrido pero que el fiscal se comprometió a hacer realidad este mismo fin de semana.

Los familiares también están preocupados porque creen la búsqueda de los jóvenes "ha disminuido de intensidad" desde el hallazgo de las fosas, y exigieron que se intensifiquen los esfuerzos para encontrarlos con vida, añadió el abogado.

El gobernador Aguirre adelantó por la mañana que "hay nuevas detenciones" tanto por parte de la fiscalía estatal como de la federal, pero Murillo no quiso hacer ningún comentario al respecto y Rosales aseguró que a ellos no les informaron de ningún nuevo arresto.

La víspera de este cruce de declaraciones entre gobierno federal y estatal, Amnistía Internacional había denunciado que la investigación que se realizaba sobre este caso era "caótica y hostil" a pesar de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de "ir a profundidad y tope donde tope".

Por otra parte, el ejecutivo de Guerrero aprobó el sábado varias medidas para dar apoyo psicológico, médico y económico a las víctimas y comenzar así la reparación daños.

Aguirre dijo que, además, se ha puesto en marcha una segunda fase de búsqueda de los 43 jóvenes que incluye equipos de reacción inmediata ante cualquier información que pueda llegar, puesto que se mantiene la oferta de recompensas, y la invitación para que la ciudadanía se una a la búsqueda.

Asimismo, habrá distribución de folletos, reuniones de coordinación e información con familiares, anuncios en la vía pública, despliegues de perifoneo radial, campañas en medios de comunicación y envío de correos masivos.

Los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros (124,3 millas) al sur de la Ciudad de México, tras varios ataques el 26 de septiembre de policías municipales a los autobuses en los que viajaban. Además de las desapariciones, seis personas murieron en los incidentes y 17 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Hasta el momento los investigadores consideran probados los vínculos de la policía local con integrantes del crimen organizado y hay una treintena de detenidos, y las declaraciones de algunos de ellos llevaron a localizar las fosas clandestinas.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han subrayado la importancia de llevar a cabo una búsqueda efectiva de los jóvenes y una investigación clara de lo que se apunta como un grave caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.