Aplauden condena a militar salvadoreño retirado

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, dirigida por jesuitas, se congratuló por la condena en Estados Unidos de un militar salvadoreño retirado por haber mentido a las autoridades migratorias de ese país y afirmó que la sentencia abre el camino para la extradición a España donde está encausado de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes de esa orden religiosa en la nación centroamericana en 1989.

"La reacción es de alegría en la medida que se da un paso más en la lucha de las víctimas de El Salvador", dijo a The Associated Press el director del Instituto, Benjamín Cuéllar, al preguntarle sobre la sentencia que un juez federal de Massachusetts impuso el martes al coronel retirado Inocente Orlando Montano, de 70 años. Fue condenado a 21 meses de prisión y un año de libertad vigilada.

"Se abre la posibilidad real, cierta y casi segura que el proceso de extradición termine sentándolo en el banquillo de los acusados precisamente en la Audiencia nacional de España", sentenció Cuéllar. Montano era ministro de seguridad cuando ocurrió el asesinato en noviembre de 1989.

Agregó que al ser extraditado a España "eso abre también la posibilidad cierta y segura que sea condenado él y el resto de imputados que están incorporados en la querella" que se presentó en el 2008. Montano empezará a cumplir su sentencia a partir del 11 de octubre en una prisión federal en Massachusetts y según la oficina del fiscal en Estados Unidos será deportado a El Salvador después de cumplir la pena.

El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 sobre la guerra salvadoreña (1980-1992) señaló que Montano participó en una reunión de altos mandos militares en la que se dio la orden de matar a los sacerdotes, a quienes señalaban como colaboradores del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

España también pidió a El Salvador la extradición de otros militares, pero la Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud debido a la vigencia de una ley de amnistía para los involucrados emitida horas antes de la divulgación del informe de la Comisión.

Cuéllar criticó con dureza la decisión de la Corte Suprema que él llamó "de Injusticia", pero dijo que estos militares que han evitado ser juzgados en España, "van a tener también una cárcel de 20.000 kilómetros cuadrados llamada Centro Penal El Salvador, y ya no podrán ir de vacaciones a Acapulco".

Aclaró que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, no presentó la querella en España, pero afirmó que la respaldan "para que se establezca la verdad jurídica".

Cuéllar sostuvo que la condena de Montano en Estados Unidos y su eminente extradición a España, "es un hecho importante que alumbra el camino para operar todos los males que tiene este país y dentro de ellos lo relativo a la impunidad".

Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa donde vivían, dentro del campus de la UCA. El gobierno salvadoreño intentó inicialmente culpar a los guerrilleros de la matanza.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.