Prosiguen negociaciones y bloqueos en Colombia

Delegados del gobierno y voceros de pequeños agricultores comenzaron el miércoles una segunda ronda de negociaciones en busca de finalizar un paro de cultivadores, mientras estudiantes anunciaron que marcharán el jueves en distintas ciudades del país en solidaridad con los campesinos y en reclamo de mayor presupuesto para las universidades.

Las negociaciones se realiza en la sede del Arzobispado en Tunja, capital del central departamento de Boyacá y a unos 130 kilómetros al noreste de Bogotá.

En la jornada, 36 ecuatorianos que debido al paro se encontraban varados en Pasto, una ciudad colombiana fronteriza con Colombia, llegaron a Quito gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Defensa,  la cancillería, en colaboración con las Fuerzas Armadas del Ecuador.

El viceministro de Defensa ecuatoriano, Carlos Larrea, señaló que Fuerzas Armadas atendieron el traslado poniendo a disposición de los ecuatorianos un avión que los recogió en Pasto para llevarlos hasta el aeropuerto de Tababela, en Quito.

Por su parte la Secretaria de Educación en Bogotá, y debido a las marchas universitarias anunciadas para mañana, ordenó la suspensión de clases en los 360 colegios públicos de la capital colombiana y donde estudian unos 900.000 alumnos de entre tres a 18 años de edad.

"Nos corresponde promover la tranquilidad, la protección de niñas, niños y jóvenes, respetar la protesta pacífica y aislar a los violentos", dijo el Secretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez. "En aras de proteger a los estudiantes, que van a estar más seguros en sus casas que transitando por la ciudad...decidimos  suspender las clases en colegios oficiales", añadió Sánchez en un comunicado divulgado en un correo electrónico.

Los diálogos entre las dos partes para llegar a un acuerdo que ponga fin al paro, que comenzó el 19 de agosto y se ha desarrollado con fuertes manifestaciones y bloqueos de carreteras principalmente del centro del país como en Boyacá, se iniciaron el martes por la noche y se extendieron hasta la madrugada del miércoles, cuando se reanudaron por la mañana.

Los líderes de la manifestación en Boyacá, un departamento donde la al menos la mitad de sus 1,2 millones de habitantes se dedican a la agricultura, mantienen bloqueos viales en varias de las carreteras desde y hacia Tunja y de acceso a Bogotá porque aseguran que sólo bajo esa presión pueden obtener resultados.

César Pachón, uno de los negociadores y vocero en Boyacá de las 47.000 familias dedicadas al cultivo de papa y otras 12.000 que siembran cebolla, dijo que hay buen ambiente en las negociaciones, pero que evitarán comentarios y solo emitirán comunicados para evitar confusiones y versiones equivocadas sobre el proceso.

Pero en una declaración a los reporteros en la casa de gobierno en Bogotá, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas destapó algunas de las cartas negociadoras del gobierno: reducir a cero el arancel para la importación de fertilizantes, refinanciar créditos agropecuarios e incluso declarar salvaguardas, o imponer aranceles temporales, a ciertos productos agrícolas que están incluidos en los tratados. No precisó si su implantación depende de un acuerdo definitivo con los manifestantes.

"El gobierno ha llegado a esa mesa con propuestas concretas que le ayudan de manera muy contundente al agro colombiano", dijo el ministro, quien no respondió preguntas. Cárdenas no indicó a qué productos agrícolas o bajo cuáles tratados se podrían imponer esos aranceles a la importación o los montos de financiamiento para refinanciar créditos agropecuarios.

Los cultivadores entraron en paro porque dicen que el gobierno les incumplió acuerdos pactados a comienzos de año, como la entrega de subsidios a los paperos por unos 21 millones de dólares, y la búsqueda de una solución al problema que enfrentan de una producción con pérdidas debido a la baja de los precios en el mercado y los altos costos de los insumos.

Los manifestantes también se quejan por los efectos en los precios de venta de sus productos debido al contrabando y las importaciones desde distintos países de la región y por efecto de tratados de libre comercio como el que rige desde el 2012 con Estados Unidos y con la Unión Europea.

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los aranceles actuales a los fertilizantes son de entre 5% a 10% y el mayor reto del gobierno es cómo garantizar que la reducción de las tarifas, y la consecuente reducción en los precios de abonos, se transfiera del importador al pequeño productor.

Cárdenas dijo que con las propuestas del gobierno se dan las condiciones para levantar el paro que aseguró se mantiene en al menos cinco de los 32 departamentos del país. Afirmó que el gobierno respeta la protesta pacífica, pero no manifestaciones violentas como las escenificadas la víspera en Facatativá, un municipio cercano a Bogotá donde manifestantes encapuchados destruyeron con piedras los ventanales de la alcaldía y comercios.

El comandante de la policía en Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, dijo que los nueves accesos a la capital colombiana están despejados.

Los negociadores, junto a grupos de derechos humanos, también se han quejado frente al gobierno de abusos y atropellos por parte de la fuerza pública que ha intentado despejar las vías, golpeado a manifestantes y entrado a humildes moradas en zonas de Boyacá, por ejemplo, mientras denuncia la muerte, aparentemente por balas de plástico disparadas por agentes policiales, de un joven el pasado 26 de agosto en Fusagasugá, en Cundinamarca y a unos 35 kilómetros al sur de Bogotá.

Por su parte estudiantes reunidos en la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil o Mane, que reúne unos 1.500 alumnos representantes de las universidades públicas y privadas del país, anunciaron el miércoles que mañana marcharán en Bogotá, así como en ciudades de 27 de los 32 departamentos, vestidos con ruanas o ponchos y alpargatas como símbolo de apoyo a los agricultores y también por sus propios reclamos de mayor presupuesto para los centros de educación superior.

Boris Duarte, uno de los voceros de la Mane, dijo en conferencia de prensa que los reclamos estudiantiles son que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos instale una mesa de diálogos para discutir reformas al sistema de educación superior y que el gobierno cubra o entregue fondos para paliar el déficit de 11 billones de pesos (unos 5.700 millones de dólares) que tiene las universidades públicas.

"Existe un déficit de 11 billones de pesos para el sector educativo universitario, este es un déficit que se ha venido acumulando en los últimos 20 años y con la marcha de este jueves queremos exigirle al gobierno que resuelva la crisis presupuestal de la universidad, es decir que se estudie lo mecanismos para pagar", dijo Duarte, de 30 años, y estudiante de magistrado en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad Nacional, en Bogotá.

En Colombia funcionan 37 universidades e instituciones de educación superior públicas y al menos 17 privadas que albergan en conjunto unos 1,8 millones de estudiantes, unos 600.000 de ellos en el sistema privado.

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El corresponsal de Associated Press Gonzalo Solano, en Quito, contribuyó a esta información.