México acusa 3 soldados por homicidio en Tlatlaya

Autoridades civiles acusarán por homicidio a tres soldados que participaron en un incidente que dejó a 22 presuntos delincuentes muertos en un anuncio que contradice la versión de los militares de que los sospechosos murieron como resultado de una confrontación.

Esos tres soldados "realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna" dijo el martes el procurador general, Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, el Ejército había reportado que los 22 presuntos delincuentes habían muerto y que un soldado resultó herido en un enfrentamiento que se desató cuando los militares respondieron a una agresión del grupo que estaba en una bodega.

Murillo Karam también dijo que ocho militares inicialmente se enfrentaron al grupo criminal durante ocho a 10 minutos y que luego los tres soldados entraron al lugar y dispararon sin razón alguna.

La versión de Murillo Karam dejó muchas preguntas sin contestar sobre lo que ocurrió en una bodega de Tlatlaya, una municipalidad del Estado de México el pasado 30 de junio, en una accidentada rueda de prensa que fue suspendida cuando los periodistas empezaron a preguntar.

El procurador no dijo si las personas que estaban en la bodega se habían rendido, o no, cuando se inició la segunda ronda de disparos como lo había asegurado una testigo entrevistada por The Associated Press hace unas dos semanas.

La mujer dijo que 21 personas se habían rendido después que los militares prometieran respetar su vida. Entre ellos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien yacía herida en el suelo tras el tiroteo inicial.

Según la testigo, las 21 personas salieron con las manos en la nuca y que la primera víctima había muerto poco antes en el tiroteo inicial.

La versión de Murillo Karam también abre una serie de preguntas sobre cómo tres soldados pudieron haber dado de baja a 21 personas sin sufrir bajas o heridos y sin que alguno de los presuntos delincuentes intentara escapar.

"¿No te parece extraño que ocho militares se enfrentaran a 22 civiles y todos los muertos estén del lado con superioridad numérica? ¿Era una unidad de Rambos? ¿O los civiles (presuntos delincuentes) estaban desarmados", dijo a The Associated Press Alejandro Hope, analista independiente de seguridad y ex funcionario de la agencia de inteligencia mexicana.

En una breve conversación, la testigo dijo el martes a la AP que "la mayoría (de los soldados) participó" en los presuntos asesinatos, aunque dijo que no recordaba cuántos militares estuvieron en el lugar.

Para Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, es factible que tres soldados mataran a la mayoría de los presuntos delincuentes, sólo en la hipótesis de que la pandilla no tuviera mucho armamento.

"Pero entonces eso es peor para el argumento del Ejercito porque quiere decir que estaban muy mal armados los otros y los mataron con ventaja y alevosía", dijo.

En un comunicado del 30 de junio el propio Ejército informó que tras la confrontación se decomisaron a los presuntos delincuentes 25 armas largas, 13 cortas y una granada de fragmentación.

El diario nacional La Jornada publicó el viernes pasado varias fotografías de cuerpos ensangrentados, supuestamente tomadas justo después de un tiroteo en las que aparecen investigadores y militares en el lugar donde ocurrió la supuesta confrontación entre el Ejército y presuntos delincuentes.

Todos aparecen con fusiles militares a su lado o en las manos, algunos de los cuales parecen haber sido colocados sobre sus cuerpos.

Christof Heyns, relator especial de la ONU encargado de investigar ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, pidió la víspera a México realizar una investigación a fondo sobre la muerte de los 22 presuntos criminales, ante la posibilidad de que se trate de un caso de "ejecuciones sumarias".

Las autoridades habían detenido un teniente y siete soldados acusados de violar normas castrenses y fueron recluidos en una prisión militar de la capital del país.

Los ocho habían participado en los hechos que ocurrieron en San Pedro Limón, en Tlatlaya. Tres de esos soldados serán acusados de homicidio. El procurador también dijo que se mantendrá la investigación abierta ante la posibilidad de acusar al resto del grupo militar.

El procurador dijo el miércoles que solicitará a un juez civil la orden de arresto contra los tres soldados que serán juzgados por la justicia penal civil, no militar. La Procuraduría General es la entidad encargada de las investigaciones penales en México.

Recientes reformas legales establecieron que los militares que cometan delitos contra ciudadanos serán juzgados exclusivamente por tribunales civiles y no castrenses, en un cambio histórico que durante años habían demandado grupos civiles nacionales e internacionales.

En julio, la Procuraduría del Estado de México emitió un comunicado en el que afirmó que no había encontrado pruebas que señalaran la ocurrencia de una posible ejecución extrajudicial y que, por el contrario, había encontrado evidencia balística de que hubo un fuego cruzado.

El gobierno estatal se negó a dar a conocer el resultado de las autopsias de los fallecidos, que la AP solicitó bajo en una petición amparada por la ley de transparencia, y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado por nueve años.

La Procuraduría General había dicho que no había encontrado pruebas que corroboraran el relato de la testigo pero luego abrió una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la supuesta confrontación entre militares y presuntos delincuentes.

Pero la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Nueva York que la Procuraduría debía adelantar la investigación y responder a todas las preguntas que ha suscitado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también efectúa su propia pesquisa.

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E. Eduardo Castillo está en Twitter en https://twitter.com/EECastilloAP