Guatemala: Riña entre civiles deja 8 muertos

Los pobladores de una aldea del centro-sur de Guatemala se enfrentaron con machetes y armas de fuego por diferencias acerca de la construcción de una carretera regional, lo que dejó ocho muertos y decenas de heridos, informaron autoridades el sábado.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó en conferencia de prensa la noche de sábado que el ministerio público se encuentra en el lugar realizando el conteo de muertos y analizando la escena del crimen. Además, un contingente de varios policías permanecerá en el lugar por seguridad.

"Los fallecidos tiene heridas de bala y de machete. Estamos verificando la información de cómo sucedieron los hechos. Ya la policía está en el lugar", dijo el ministro en horas de la tarde.

Los disturbios se registraron la noche del viernes en la aldea Pajoques, del municipio de San Juan Sacatepéquez, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca. Al menos seis vehículos y una vivienda fueron quemadas en el lugar.

Según versiones preliminares, cinco miembros de una misma familia estarían entre los muertos. El enfrentamiento se habría dado luego de que algunas personas se enfrascaran en discusiones sobre la construcción de un anillo regional. Tras la discusión surgieron las agresiones.

El presidente, Otto Pérez Molina, lamentó los hechos. "He girado instrucciones al ministro de gobernación para identificar a los responsables de estos hechos delictivos y accionar legalmente", dijo en su cuenta oficial de Twitter.

Las autoridades han localizado a varios testigos de los incidentes, quienes serán resguardados fuera de la comunidad.

Organizaciones de derechos humanos aseguraron que, según líderes locales entrevistados, un grupo de trabajadores vinculados a la empresa cementera habría disparado primero a algunos pobladores, según un comunicado de la Convergencia por los derechos humanos.

Tras la agresión, varios pobladores habrían capturado a cuatro de los supuestos responsables solicitando la presencia de la policía. Sin embargo, ante la ausencia de agentes policiales decidieron ejecutarlos, algo que las organizaciones repudiaron.

José Gonzales, representante de la cementera Cementos Progreso, negó a un diario local tales circunstancias.

Las organizaciones también denunciaron que existe un patrón de criminalización de la protesta, así como de "acciones provocadoras".

En su comunicado, exigieron a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Ministerio Público "investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras" que habrían sido previamente denunciadas.

El lugar ha sido escenario de otros enfrentamientos entre pobladores opositores a la cementera y la construcción de la carretera y la policía. Los opositores consideran que el proyecto dañará sus tierras.