Argentina: buscan aprobar norma de control precios

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el miércoles la reforma de la ley de abastecimiento, que según el gobierno argentino defenderá a los consumidores del alza de los precios mientras para los sectores empresario y rural avasallará la libertad de empresa y la propiedad privada.

El polémico proyecto para que el Estado intervenga en la formación de precios y que contempla multas a las empresas que abusen de los consumidores fue aprobado por el Senado y saldría adelante gracias al peso del oficialismo y sus aliados en la cámara baja. El debate con la oposición promete ser ríspido y prolongarse durante unas 24 horas.

El jefe de gabinete Jorge Capitanich defendió ante periodistas la iniciativa al señalar que protege "al productor pequeño y mediano y al consumidor" de las "grandes empresas que tienen abuso de posición dominante".

La inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según datos oficiales el alza de precios acumulada en los ocho primeros meses del año fue de 18,2%, aunque consultoras privadas consideran que ascendió a 40,38%.

El gobierno afirma que la inflación obedece en gran parte a las distorsiones generadas por los propios empresarios en la cadena de formación de precios.

La Cámara de Diputados tratará en la misma sesión maratónica un paquete integrado por la reforma de la ley de abastecimiento de 1974, la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero judicial especial para resolver los reclamos de los consumidores. La oposición anticipó que sólo brindaría su apoyo a la tercera de esas iniciativas.

Luis Etchevere, titular de la Sociedad Rural Argentina, una de las principales entidades agropecuarias, anunció que denunciará ante la justicia la inconstitucionalidad de la reforma de la ley de abastecimiento luego de que sea aprobada. La norma permitirá al gobierno "entrar a los campos y decomisar los granos que tienen acopiados" los productores, afirmó a Radio Mitre.

"Lo que genera la inversión es la expectativa de lucro, si no hay expectativa de lucro no hay inversión y no se generan fuentes de trabajo", remarcó Etchevere.

El Ejecutivo denunció días atrás que los productores agropecuarios no comercializan más de la mitad de la cosecha récord de soja y maíz de la campaña 2013-2014 porque especulan con la posibilidad de una nueva devaluación del peso que les permita aumentar sus ganancias. El sector es la principal fuente de divisas del país.

Grandes agrupaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina también rechazan lo que consideran una intervención innecesaria del Estado en el sector industrial privado.

La Unión Industrial señaló la necesidad de que el Estado promueva la competencia y garantice "la transparencia del mercado" y afirmó que este proyecto "no cumple esos objetivos sino que potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución".

El ministro de Economía Axel Kicillof dijo el martes que el paquete de leyes busca dotar al Estado "de instrumentos para defender a los consumidores" e instó a "no crear un fantasma porque acá no hay ningún Estado que venga a intervenir ni avasallar la libertad de empresa".

El proyecto más polémico actualiza las penas previstas en la ley de abastecimiento de 1974 y habilita al gobierno a establecer márgenes de utilidad así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles.

Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma no proporcional a los aumentos de los costos o a quienes acaparen mercadería.

La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar a las empresas con inhabilitación especial o clausura temporal.

El oficialismo accedió a eliminar del alcance de la reforma a las pequeñas y medianas empresas "siempre que no detecten posición dominante".

El proyecto prevé además que frente a situaciones de escasez el Ejecutivo "podrá disponer la producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo ésta pedir una compensación".

Asimismo las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias.