Pedido de extradición, factor en juicio de Montano

El pedido de extradición del coronel retirado salvadoreño Orlando Inocente Montano por un crimen de guerra por el que es acusado ante la justicia española se ha convertido en materia de interés en el juicio que se le sigue al ex militar por fraude migratorio y perjurio.

El juez federal Douglas Woodlock pidió al fiscal John Capin al terminar la audiencia del martes un informe sobre el estado, "informal o formal", del pedido de extradición de Montano ante la justicia estadounidense. Una corte española acusó a Montano en 2011 de haber participado, con otros 19 militares, en la planificación del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989. Montano era viceministro de Seguridad Pública en ese momento.

Durante la fase de sentencia, Woodlock escuchó a los testigos del fiscal y la defensa de Montano en audiencias realizadas el jueves, el lunes y el martes. Montano se declaró culpable de seis cargos de perjurio y la sentencia se podría conocer mañana. El fiscal ha pedido para Montano una sentencia de cuatro años de prisión.

En la audiencia del lunes, el fiscal interrogó a la experta Terry Karl, profesora de política latinoamericana en la Universidad de Stanford, sobre la trayectoria militar de Montano y su influencia en el ejército como miembro de la promoción 1966 que controlaba las fuerzas armadas salvadoreñas durante la guerra civil. Karl también se refirió a la atmósfera política en El Salvador en los meses previos a la salida de Montano, que hacía posible que fuera implicado en una investigación por la matanza de los jesuitas. Según el fiscal, Montano vino a Estados Unidos en 2001 para escapar de la justicia.

El fiscal también interrogó al testigo de la defensa de Montano, el general Mauricio Ernesto Vargas, colega y amigo de Montano y también de la promoción 1966.

Vargas declaró ante el juez que su promoción no tenía influencia sobre el poder legislativo o judicial y que cuando se enteró de la muerte de los jesuitas su primera reacción fue responsabilizar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la organización que lideraba la insurgencia en El Salvador.

"No me imaginé que algo así pudieran hacer miembros de las Fuerzas Armadas", dijo Vargas en el estrado de los testigos.

El informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1993 señaló que el 15 de noviembre de 1989 hubo una reunión de altos mandos militares, entre los que estuvo Montano, en la que se dio la orden de matar al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Ellacuría, filósofo e importante defensor y contribuyente al pensamiento de la Teología de la Liberación, fue uno de los seis jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el recinto de la Universidad Centroamericana (UCA) "José Simeón Cañas". Montano ha negado su participación en el crimen.

Cuando el fiscal preguntó a Vargas si estaba al tanto de un informe de 1990 de un grupo del Congreso norteamericano que lo señalaba a como responsable de violaciones a los derechos humanos cometidas por tropas bajo el mando de Vargas, éste se sorprendió.

"El informe dice que tropas bajo su mando en 1986 en Morazán practicaron la política de *tierra arrasada* ", dijo el fiscal Capin a Vargas.

"No lo sabía", dijo Vargas. "No es cierto".

Según el fiscal, el informe titulado "Obstáculos a la reforma: Un perfil de los líderes militares de El Salvador", también menciona que soldados al mando de Montano cometieron violaciones a los derechos humanos. En 1982 Montano fue comandante operativo del Batallón Belloso y durante ese período, según la experta Karl, hubo 26 ejecuciones y dos desapariciones.

La defensa de Montano alegó que el entonces militar cumplía tareas administrativas como jefe operativo del Batallón Belloso. En el interrogatorio a Vargas, el abogado de Montano le pidió que detallara el papel de Montano en el batallón.

"El comandante operativo no tiene responsabilidad operativa", dijo Vargas. "No está en el campo de operaciones. Su responsabilidad es administrativa, disciplinaria, logística".

En tres ocasiones durante la audiencia del lunes, Montano alzó la voz para hablar con su abogado, Oscar Cruz Jr. El juez pidió a Cruz que Montano se mantuviera en silencio. Montano, de 70 años y bajo arresto domiciliario, estuvo acompañado por sus familiares en el tribunal. En mayo pasado Montano dijo a la AP que espera regresar a El Salvador.

Ninguno de los militares acusados por el tribunal español ha sido extraditado de El Salvador a España. La Corte Suprema salvadoreña rechazó la solicitud de extradición sobre la base de la Ley de Amnistía de 1993.

Al cerrar su intervención, el fiscal Capin se refirió a la falta de procesos judiciales contra militares salvadoreños por violaciones de derechos humanos.

"¿Es cierto que ningún militar fue acusado por violaciones de derechos humanos durante el período de la guerra civil salvadoreña?", preguntó el fiscal a Vargas.

"No hubo acusaciones" dijo Vargas.