¿Abogados para migrantes? Gobierno se contradice

El secretario de Justicia, Eric Holder, dice en público que está a favor de dar representación legal a los niños migrantes que arriban a la frontera sin la compañía de adultos, pero su departamento dice lo contrario en las cortes.

Holder dijo en un discurso el viernes ante la Asociación Nacional de Abogados Hispanos que "si bien estos niños tal vez no tengan el derecho constitucional a un abogado, tenemos razones prácticas y la obligación moral de garantizar la presencia del letrado".

Pero la semana pasada, el subsecretario Leon Fresco argumentó ante un juez federal en Seattle que dar representación legal a niños inmigrantes que enfrentan la deportación podría abrir las fronteras y enviar el mensaje de que ninguna persona en situación irregular será expulsada de Estados Unidos.

"Crearía un efecto magnético", dijo Fresco en la corte del juez federal Thomas S. Zilly, en una demanda entablada por una coalición de defensores de los inmigrantes en nombre de un grupo de niños migrantes. El fallo está pendiente.

Hay una contradicción entre lo que, según el gobierno, son los derechos constitucionales de los niños, y la política que Holder dice apoyar. El viernes habló de un nuevo programa, que cuesta 1,8 millones de dólares, para ayudar a las organizaciones de abogados a representar a los niños migrantes en las cortes, y dijo que el departamento quiere "facilitar el acceso de estos niños a la representación legal".

Los defensores de los inmigrantes dicen que el gobierno quiere quedar bien con tirios y troyanos.

"Pueden tratar de distinguir entre su obligación legal y moral, pero decir que existe una obligación moral para con los niños es reconocer que para que tengan un proceso justo necesitan un abogado", dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, uno de los demandantes en Seattle.

La vocera del Departamento de Justicia, Nicole Navas, intentó explicar la contradicción.

"No cabe duda de que, como cuestión de política, el departamento quisiera que los niños en los procesos de inmigración tuvieran abogado. Pero el asunto pendiente en la corte es muy distinto, se refiere solamente a si existe un derecho constitucional a contar con un abogado pagado por el gobierno", dijo en un comunicado. "Si bien no existe un derecho constitucional a contar con abogado en procesos de expulsión pagado por el gobierno, este gobierno exhorta al Congreso a financiar esos abogados como cuestión de prudencia".

Más de 60.000 niños y jóvenes no acompañados por adultos han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos durante el último año, en muchos casos huyendo de pandillas asesinas en Centroamérica. Aunque el número de arribos ha descendido bruscamente, la amplia mayoría de los que han entrado permanecen en el país y sus casos se procesan lentamente en los abrumados tribunales de inmigración.

La ley vigente garantiza a los niños una audiencia judicial. Pero a diferencia de los acusados en procesos penales, los inmigrantes en proceso de deportación no tienen derecho a un abogado.