ICE rechaza solicitud de alguacil de Tenesí

Autoridades federales rechazaron una solicitud de la oficina del alguacil del condado de Knox para participar en un programa que otorga autoridad federal en materia de inmigración a fuerzas judiciales locales, dijo el martes un vocero de la policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Bryan Cox, quien cubre para ICE la región que incluye Tenesí, dijo a The Associated Press que se envió la semana pasada una carta de rechazo al alguacil del condado de Knox C Jimmy "J.J." Jones. Cox no dio detalles sobre el contenido de la carta.

Sin embargo, Stephen Fotopulos, director de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tenesí, proporcionó a la AP una copia de la carta. La coalición ha realizado campaña en contra de que el programa conocido como 287(g) llegue al condado de Knox.

Thomas D. Homan, director ejecutivo asociado de ICE, dijo en la carta que la agencia está limitando la participación a agencias del orden público que ya tienen memorándum de acuerdo con ICE. Citó "preocupaciones de recursos, incluido los impactos de confiscación", como las razones para la decisión.

Fotopulos dijo que está complacido por la decisión de la agencia, calificándola como "una clara señal de que nos estamos alejando programas de aplicación dura de la ley que separa familias".

"Necesitamos dirigir nuestra atención a una reforma de inmigración con sentido común que mantenga a las familias juntas", agregó.

Jones emitió un comunicado diciendo que aún no ha recibido una carta de ICE.

El programa 287(g) --el cual lleva el nombre de una sección de una ley de inmigración de 1996-- fue utilizado con poca frecuencia hasta que una reacción violenta contra la inmigración sin documentos ocurrida hace aproximadamente siete años motivó que decenas de agencias se inscribieran, especialmente en el sur del país.

El Congreso redujo el financiamiento para el programa el año pasado, y esencialmente está siendo reducido gradualmente por un programa de compartición de huellas dactilares llamado Comunidades Seguras.

Agencias del orden público que participan en el programa colocan información de huellas dactilares en una base de datos, la cual es entonces revisada por el FBI en busca de órdenes federales de aprehensión y por ICE para identificar a individuos que están en el país sin permiso.