Escuelas, un refugio para niños migrantes

Milsa Martínez estuvo 14 años separada de sus padres, con quienes se reunió luego de un tormentoso cruce de la frontera. Para ella, la escuela secundaria, donde mejora su inglés y aprende asuntos cívicos y matemáticas, es un verdadero remanso de paz.

Los niños y adolescentes que cruzan solos la frontera, como hizo Martínez hace dos años, encuentran en las escuelas de Estados Unidos una de las pocas instituciones estatales que les garantizan servicios, desde clases de ciencia hasta exámenes de la vista.

Mientras sus casos son tramitados por las autoridades de inmigración, la mayoría de estos menores son entregados a familiares o patrocinadores, a quienes se les dice que deben anotarlos en escuelas.

Zonas metropolitanas como Washington, Houston y Miami han registrado un incremento en la matriculación de estos estudiantes. "Son buenos chicos, pero constituyen un problema", afirmó Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias, organismo de investigaciones no partisano con sede en Washington.

El gobierno calcula que unos 90.000 menores podrían llegar a Estados Unidos para el nuevo año escolar, procedentes mayormente de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y que 145.000 podrían venir el año que viene. Generalmente vienen para reunirse con sus padres, a menudo escapándole a la violencia de las pandillas o a la extrema pobreza.

Con frecuencia exigen atenciones especiales en la escuela, como clases de inglés o ayuda terapéutica en instituciones que ya de por sí enfrentan dificultades por los recortes presupuestarios.

En Miami, la junta escolar decidió pedir ayuda al gobierno nacional luego de que el superintendente Alberto Carvalho dijo que 300 chicos extranjeros, muchos de ellos hondureños que estaban solos, se habían anotado al final del año escolar. Indicó que el distrito escolar tiene "la obligación moral y legal" de educar a estos niños, algunos de los cuales son analfabetos tanto en inglés como en español. El costo es 1.950 dólares más por estudiante de lo que reciben del estado, señaló.

"Hay que alimentarlos, que vestirlos. Debemos atenderlos e instruirlos", dijo Carvalho.

El secretario de Educación Arne Duncan y el secretario de Justicia Eric Holder le recordaron en mayo a los distritos escolares que un fallo de la Corte Suprema de 1982 le da a los menores el derecho a matricularse en las escuelas sin importar su status migratorio.

Kristyn Peck, funcionaria de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos que lidia con programas para refugiados, atiende regularmente llamadas de funcionarios escolares que tratan de comprender mejor a esta población estudiantil.

"Tienen numerosos traumas", expresó Peck. "Para empezar, los traumas que los impulsaron a irse. Luego, la traumática experiencia del viaje y finalmente experiencias con la patrulla de fronteras que también pueden ser traumáticas. Son chicos especiales con muchas necesidades".

Patricia Chiancone, consejera escolar del condado Prince George, dice que a menudo escucha historias de experiencias duras, incluida la violación de menores durante el viaje a Estados Unidos, hermanos y padres que mueren como consecuencia de la violencia de las pandillas y de hermanos de zonas rurales de Guatemala que se van luego de que sus cosechas son destruidas.

"Vemos certificados de defunción y cartas de un ministro que dice que un menor se fue porque estaba siendo amenazado por todo esto", indicó Chiancone.

La escuela secundaria H-B Woodlawn de Arlington, donde cursa estudios Martínez, admite estudiantes de más de 20 años. En los dos últimos años ha registrado un incremento en la cantidad de alumnos que cruzaron la frontera solos. El profesor Michael Coughlin dijo que muchos de ellos trabajan de noche en restaurantes o en la limpieza para pagar a los abogados de inmigración. Sabe asimismo de un caso en el que el menor debe devolverle a un pariente los miles de dólares que pagó para que lo trajesen ilegalmente al país.

La barrera idiomática resultó un duro obstáculo para Ronald Pojoy, quien vino de Guatemala en el 2007, cuando tenía 15 años, para reunirse con su madre.

"Por momentos tuve deseos de abandonarlo todo porque me costaba mucho aprender el idioma", comentó. "Fue difícil porque tuve que trabajar y estudiar. Estaba muy cansado".

Pojoy, quien hoy tiene 21 años, recibió el mes pasado su diploma de la secundaria en la Liberty High School de Houston. La escuela tiene una gran cantidad de inmigrantes y ofrece información sobre asuntos legales y otros servicios comunitarios.

"Tenemos que hacerle saber a los estudiantes que lo que hacen es muy importante. Y hay que demostrarles también que pueden salir adelante", dijo Eddison James, profesor de matemáticas.

Martínez, quien hoy tiene 20 años, dijo que tenía 18 cuando sus padres enviaron por ella tras la muerte de su abuela. Estaba aterrorizada de hacer el cruce con dos coyotes y otras 30 personas, incluidos menores de ocho y nueve años. Recordó que en determinado momento los coyotes dejaron atrás a una mujer que tenía juanetes y no podía caminar a la par de los demás.

Señaló que fue tratada como una menor porque tenía un aspecto muy juvenil.

Hoy trabaja en un hospital por la noche, sacando la basura. Sueña con ir a la universidad, pero teme ser deportada a pesar de que se le dijo que su caso había sido archivado.

El futuro de estos menores y adolescentes no está claro.

Una ley garantiza audiencias con los jueces de inmigración para las personas que no son oriundas de países limítrofes de Estados Unidos. En la práctica, esto implica que pueden permanecer años en el país porque estos trámites toman mucho tiempo.

Es previsible asimismo que a algunos se les permita quedarse por razones humanitarias.

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Lozano informó desde Houston.

La reportera de AP Alicia A. Caldwell colaboró en este despacho desde Washington.

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Kimberly Hefling está en Twitter como http://twitter.com/khefling