Argentina: relativizan procesamiento del vice

El gobierno restó importancia el lunes al procesamiento del vicepresidente argentino Amado Boudou por presunta corrupción y supuesto tráfico de influencias.

El senador oficialista Aníbal Fernández defendió a Boudou al sostener en el canal Telefé que "sigue existiendo la presunción de inocencia aunque exista un procesamiento" en su contra por presuntamente haberse adueñado en 2010 de la única imprenta capaz de emitir billetes de curso legal en connivencia con dos socios con el fin de aprovecharse de jugosos contratos con el Estado.

El jefe de gabinete Jorge Capitanich, en tanto, dijo a periodistas que los opositores que "tanto se expiden con furibundas declaraciones" contra Boudou "no lo hacen en el mismo sentido respecto a la causa del jefe de la ciudad" de Buenos Aires Mauricio Macri, procesado por supuestamente haber ordenado escuchas ilegales a empresarios y políticos.

Boudou, segundo en la línea sucesoria luego de la presidenta Cristina Fernández, fue inculpado formalmente el viernes por el juez federal Ariel Lijo por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, como partícipe de la maniobra ilegal para apoderarse de la imprenta Ciccone Calcográfica. El vicepresidente, que puede apelar la medida ante un tribunal superior, puede permanecer en libertad mientras el proceso judicial sigue su curso y hasta que se decida si deriva en un juicio oral.

El vicepresidente está en Panamá para asistir el martes a la asunción del nuevo presidente Juan Carlos Varela.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reclamó a los opositores que exigen que Boudou tome licencia o renuncie que digan si "hicieron lo mismo" con sus "compañeros" o "correligionarios".

Un tribunal convalidó el procesamiento de Macri en julio de 2010 y rechazó un pedido suyo para que se declarara la nulidad de la causa. No obstante, en marzo el juez federal Sebastián Casanello consideró que no había pruebas suficientes para llevar a juicio oral al alcalde, uno de los principales aspirantes a presidente en las elecciones generales de 2015. El magistrado ordenó nuevas medidas de prueba.

El diputado Federico Pinedo, correligionario de Macri en Propuesta Republicana (PRO), señaló que son "cosas totalmente distintas" la situación del alcalde y la del vicepresidente y pidió que este último "se someta a una comisión investigadora" del Congreso.

Pinedo argumentó que "la causa contra Macri es una operación política impulsada por (el juez federal Norberto) Oyarbide, uno de los jueces más cuestionados de la Argentina y aliado fundamental del kirchnerismo (oficialismo)".

Agregó que "a diferencia de Boudou, Mauricio (Macri) se sometió voluntariamente a una comisión investigadora de mayoría opositora" en la legislatura capitalina de los que "sólo cinco eran del PRO", apuntó Pinedo. "Esa comisión decidió que no había motivos para avanzar en el juicio político y desestimó el caso", agregó.

La mandataria no se ha referido hasta el momento a la situación de su vicepresidente, contra quien es muy difícil que prospere un juicio político ya que la oposición no cuenta con suficientes legisladores para impulsarlo.